Innova.- La Dirección General del Catastro y los Colegios de Abogados de Aragón trabajarán de forma conjunta 'on-line'

Europa Press Aragón
Actualizado: martes, 13 mayo 2008 14:35

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel han firmado un acuerdo de colaboración con la Dirección General del Catastro, según el cual dichas instituciones estarán interconectadas de manera 'on-line'. Gracias a este convenio, los abogados de Aragón podrán tramitar más eficaz y rápidamente las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ya que los datos catastrales necesarios para la concesión de un abogado de oficio se obtendrán digitalmente a través de la Oficina Virtual del Catastro.

Para poder facilitar estas gestiones, el Consejo General de la Abogacía suministrará a los Colegios de Abogados firmantes del convenio la información catastral que requieran para la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, según informan desde RedAbogacía.

La suscripción de este acuerdo se enmarca en la línea de colaboración que viene llevando a cabo dicha Dirección General con diversas administraciones y entidades públicas, y responde al marco básico de colaboración ya fijado en el convenio suscrito con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el mes de marzo de 2007 que, propiciará numerosas ventajas para ambas partes y repercutirá finalmente en la mejora de prestaciones al ciudadano.

La firma de este último acuerdo, sumado al recientemente alcanzado entre la Dirección General del Catastro y el Colegio de Abogados de Reus eleva ya a veinte el número de colegios que se han sumado a esta colaboración con la Administración por digitalizar las instituciones. Así, los ciudadanos de Ávila, Baleares, Burgos, Ferrol, Granada, Huesca, Jaén, León, Orihuela, Ourense, Palencia, Reus, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid, Zamora y ahora los de la comunidad aragonesa se benefician de la interconexión administrativa.

Por otro lado, los Colegios de Abogados asumen, además, un doble compromiso: por un lado, presentar las declaraciones catastrales de los obligados tributarios ante la correspondiente Gerencia del Catastro o ante los ayuntamientos, y, por otro, establecer, en sus sedes colegiales un Punto de Información Catastral, que será gestionado por las propias instituciones y que permitirá la consulta y certificación telemática de los datos catastrales contenidos en la Base de Datos Nacional del Catastro.

Este Punto de Información Catastral se configura como una nueva posibilidad de acceso a la información de la Oficina Virtual del Catastro a través del colegio. En este sentido, los colegios actuarán como prestadores directos del servicio a los ciudadanos, respondiendo no sólo a la demanda de información catastral de quienes no disponen de los medios informáticos y telemáticos apropiados sino también de aquellos que autorizan y encomiendan a los colegiados acceder a sus datos catastrales. Con esta finalidad, el nuevo servicio de acceso permite actuar mediante representante o persona autorizada por el interesado.

REDABOGACÍA.

RedAbogacía (IT-CGAE) nace en el año 2003 por iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española para poner en marcha y liderar su proyecto tecnológico. Desde entonces, 81 Colegios de Abogados se han adherido al proyecto, de los que 79 ya tienen implantada la firma digital, y 31 administraciones públicas han acreditado su certificado digital.

RedAbogacía permite realizar gestiones administrativas seguras a través de la firma digital con la que ya operan 80.000 letrados en los servicios online que se ofrecen a través de la plataforma segura www.redabogacia.org.

Desde septiembre de 2007, RedAbogacía, en nombre del CGAE, asesora al Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) para la implantación de políticas de certificación digitales en Europa. Asimismo, la Comisión Europea ha adjudicado a RedAbogacía el desarrollo de PenalNet, la red de comunicaciones seguras entre abogados penalistas de Europa. RedAbogacía promueve acuerdos con la Administración Pública para hacer realidad la e-justicia.

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