Unos 30.000 expedientes están afectados en Aragón por la sentencia del impuesto a las hipotecas

Fernando Gimeno, consejero de Hacienda
EUROPA PRESS
Publicado 19/10/2018 12:50:10CET

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha cifrado en 30.000 los expedientes afectados en la Comunidad en los últimos cuatro años por la sentencia del Tribunal Supremo, según la cual son los bancos quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas, y no los ciudadanos, como ocurría hasta ahora.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde se celebra sesión plenaria, Fernando Gimeno ha indicado que la Comunidad ha ingresado 90 millones de euros por ese impuesto en el periodo indicado.

El responsable de Hacienda de Aragón ha reconocido que la sentencia del Supremo "afecta a muchas personas", algunas de las cuales ya se están dirigiendo a los bancos, para apuntar que es un "problema complejo" y que "ha de resolverse de la misma forma para toda España".

Al respecto, ha recalcado que se ha producido por la anulación de un artículo del impuesto elaborado por el Gobierno de España y tiene efectos en todo el país.

Por eso, ha informado de que este mismo viernes se ha dirigido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que los responsables de tributos del Ejecutivo central se reúnan con sus homólogos en las Comunidades autónomas con el objeto de "estudiar el problema en profundidad y encontrar una solución".

Asimismo, le ha solicitado que después se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera "para que todas las Comunidad decidamos" ya que es una materia de competencia autonómica, que son quienes recaudan el impuesto, si bien "la regulación es una competencia básica que tiene el Estado y el reglamento que ha anulado el Supremo en uno de sus artículos" también ha sido aprobado por el Gobierno central.

Gimeno ha comentado que hay que buscar una solución "rápida" y también aclarar las dudas que deja la sentencia, como si se retrotrae por cuatro años --ejercicios no prescritos fiscalmente-- o por más tiempo, para apuntar que, al final, para las Comunidades será "algo neutro", pero "hay que tomar medidas para resolverlo de forma ágil".