Aragón declina participar en la bilateral con el Gobierno central sobre la derogación de la ley de Memoria Democrática

Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón
Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo
Actualizado: jueves, 16 mayo 2024 19:18

ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha declinado este jueves, 16 de mayo, participar en la Comisión Bilateral convocada por el Ejecutivo central sobre la derogación de la ley de Memoria Democrática y se ratifica en la "plena constitucionalidad" de su revocación, aprobada por el Parlamento autonómico.

En una carta, firmada por el secretario general de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, Juan Pérez, dirigida al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se indica que se han planteado "determinadas discrepancias" por parte del Gobierno de España en relación con la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón.

Por ello, "se ha invitado a la Comunidad Autónoma de Aragón a participar en un proceso de negociación en el seno de la Comisión Bilateral Aragón-Estado de acuerdo con el cauce de cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a fin de evitar un recurso de inconstitucionalidad".

En este punto, el Ejecutivo autonómico "se ratifica en la plena constitucionalidad de la referida derogación legislativa aprobada por las Cortes de Aragón" y considera que una Comisión Bilateral Aragón-Estado "no permitiría la solución de la presente discrepancia competencial que resultase satisfactoria para ambas partes".

Al remitir la carta este jueves, el Gobierno de Aragón ha agotado el plazo límite establecido por Moncloa para responder a la petición formulada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El pasado mes de abril, el titular del Ministerio advirtió que en caso de no alcanzar un acuerdo en Comisión Bilateral, recurriría al Tribunal Constitucional, procedimiento que, por tanto, se pondrá en marcha tras la negativa de Aragón.

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