ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad de Aragón ha repartido, desde 2001, entre distintas entidades u objetivos sociales 5,4 millones de euros procedentes de más de 300 sucesiones intestadas.
Los ingresos procedentes de las sucesiones abintestato se destinan a financiar proyectos específicos de entidades de beneficencia, asistencia o acción social, tanto públicas como privadas sin ánimo de lucro, así como a la creación y mantenimiento de establecimientos de la misma índole de la propia Administración autonómica.
A estas herencias asumidas por la Comunidad se suma el caso excepcional de los 21 millones de euros legados por Elías Alfredo Martínez Santiago, de los que aún queda por repartir un millón de euros.
El resto se destinó a la construcción de sendas residencias por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS); una en el barrio de Torrero en Zaragoza y otra en Utebo.
El dinero pendiente de repartir procede de la venta de las últimas acciones que pertenecieron a este causante y actualmente se está en condiciones de repartirlo una vez informe de forma favorable la Intervención General. La previsión es que se pueda hacer la convocatoria de la Junta Distribuidora de Herencias antes de final de año.
La herencia intestada de Elías Martínez en 1998 fue precisamente lo que obligó al Gobierno aragonés a regular, mediante el decreto 191/2000, las acciones administrativas a desarrollar en estos casos, así como el procedimiento de reparto mediante la creación de la Junta Distribuidora de Herencias, órgano colegiado integrado por representantes de los departamentos de Hacienda, Servicios Jurídicos, Cultura y Servicios Sociales, que decide a la vista de las peticiones que les trasladan los establecimientos o entidades de acción social.
Las reuniones de la Junta no tienen periodicidad establecida, pues los repartos se hacen cuando se dispone de una cantidad relevante para cubrir mínimamente las expectativas de los solicitantes. Hasta ahora, se ha reunido en diez ocasiones para repartir fondos hereditarios; la primera el 25 de julio de 2001 y la última el 15 de abril de 2015.
DERECHO A HEREDAR
La Comunidad autónoma había asumido años atrás, en 1995, el derecho a heredar a los aragoneses fallecidos sin haber otorgado testamento y sin parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, mediante la modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y la Ley de Patrimonio en esta materia.
Pero, dada la escasa dotación de las herencias recibidas los primeros años, se aplicó supletoriamente la normativa estatal, de 1971, hasta el mencionado decreto del año 2000. Un decreto que se derogó con otro aprobado en noviembre del año pasado para regular las actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor de la Comunidad y en los casos de disposición voluntaria a favor de personas indeterminadas.
En julio de este año también se aprobó la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que modifica la de Patrimonio de las Administraciones Públicas de forma que desaparece del ordenamiento jurídico la declaración judicial de herederos, lo que descarga de trabajo a los juzgados en estos supuestos al adjudicar directamente a la Administración la declaración de su condición de heredero abintestato.
A partir de esta declaración, en el Servicio de Patrimonio del Departamento de Hacienda y Administración Pública se inicia el procedimiento para su gestión y liquidación: inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles si los hubiere, cancelación de cuentas y depósitos bancarios e ingreso en las cuentas del Gobierno de Aragón, entre otras actuaciones.
GASTOS
Los gastos que generan estos u otros trámites se satisfacen con cargo al propio caudal hereditario y, en aquellos casos en que no existen fondos o son insuficientes, se acude a un fondo general creado con el 3% de los ingresos en metálico que se obtienen de todas las herencias líquidas. De esta forma se evita que las herencias intestadas acarreen carga alguna para los Presupuestos del Gobierno de Aragón.
Al margen de la herencia de Elías Martínez, la Junta Distribuidora ha repartido hasta ahora 5,400.611 euros. Los beneficiaros han de estar inscritos en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social del Gobierno de Aragón.
En el plazo de un año desde que reciben el ingreso tienen que justificar su aplicación, pudiéndose reclamar la devolución del dinero en caso de incumplimiento. Aunque este supuesto no se ha producido nunca.
