Aragón tramita 14 solicitudes del derecho a la prestación de ayuda para morir desde el pasado 25 de junio

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, inaugura la mesa redonda 'El derecho a la eutanasia, un año después'.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, inaugura la mesa redonda 'El derecho a la eutanasia, un año después'. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Publicado: jueves, 24 marzo 2022 18:33

ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha informado de que se han tramitado en esta comunidad autónoma desde el pasado 25 de junio, cuando entró en vigor la ley de regulación de la eutanasia, 14 solicitudes del derecho a la prestación de ayuda para morir.

De ellas, un tercio han sido informadas de manera positiva, otro tercio de las personas que lo había solicitado ha fallecido durante el proceso y el último tercio no cumplía los requisitos.

Repollés ha aportado estos datos durante la inauguración de la mesa redonda 'El derecho a la eutanasia, un año después', que se celebra esta tarde en el Centro de Tecnologías Avanzadas y que ha sido organizada por Escuela de Salud de Aragón.

La sesión está moderada por la periodista Pachica García Inda y participan el psiquiatra y presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, Javier Olivera; la enfermera y miembro de la comisión, Mayte Clares; el catedrático de la Facultad de Derecho y miembro de la comisión, Juan Herrero; el profesor de Ética de la Universidad de Zaragoza, Pedro Luis Blasco; el presidente del Foro Aragonés del Paciente, Javier Arredondo; y la miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Consuelo Miqueo.

La ley orgánica de regulación de la eutanasia fue aprobada hace justo un año, el 24 de marzo de 2021, si bien entró en vigor tres meses después, el 25 de junio. La consejera ha considerado que es un ejemplo de "empatía legislativa" con quienes padecen "un sufrimiento psíquico y físico insoportable".

Igualmente, ha esgrimido que es una ley "muy garantista", que respeta la voluntad y la intimidad de los pacientes, y posibilita mantener la dignidad "hasta el último suspiro antes de morir".

MUERTE Y SUFRIMIENTO

Repollés ha considerado que la muerte "es inevitable, pero el sufrimiento no debería serlo" y vivir más años "no significa que vivamos mejor" ya que hay enfermedades degenerativas y otras dolencias que suponen un camino "de sufrimiento y dolor" que culmina de una u otra forma en la muerte.

Ha sostenido que la muerte es parte de la vida "y debe encajarse en los parámetros de dignidad y respeto". Repollés ha definido la dignidad como la cualidad del ser humano "que lo hace ser un fin en si mismo, que toma decisiones de forma voluntaria y libre, de acuerdo con sus principios morales".

En este sentido, ha estimado que hay que morir con dignidad no solo en el momento mismo del fallecimiento, "sino en el proceso hasta llegar a él" y reconocer el derecho del ser humano, como sujeto libre, a decidir si morir en su casa, con su familia, o no, con la información completa, o sin ella, con dolor o sin él.

Repollés ha manifestado que en una sociedad "plural y diversa" se abre un "abanico infinito de formas de ver y entender la muerte" y también el dolor y el sufrimiento son subjetivos ya que lo que cada persona está dispuesta a asumir varían de unas a otras.

"Como afrontar la agonía final y la muerte es algo que solo el paciente puede decidir", resultado de la autonomía del enfermo, "construida sobre los propios valores morales y religiosos", que debe gozar el respeto de las Administraciones y del sistema sanitario.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

La consejera ha apostado por la formación y la información sobre el derecho a la prestación de ayuda para morir, ha esgrimido que los profesionales son una parte fundamental y también ha considerado necesario mejorar el conocimiento del mismo por parte de los pacientes.

Repollés ha recordado que este jueves también se cumple el aniversario de la ley de muerte digna de Aragón, aprobada por las Cortes autonómicas el 24 de marzo de 2011, por la que esta comunidad "fue pionera a la hora de regular los derechos de los pacientes, los deberes de los profesionales y las garantías y medios que los poderes públicos deben aportar", ha apostillado.

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