TERUEL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Teruel ratificó hoy la decisión de la comisión informativa de Contratación de desestimar una alegación presentada contra el pliego de cláusulas administrativas que regirá el contrato de gestión del agua, relacionada con el periodo de adjudicación, previsto para 20 años prorrogables por diez más.
Sin embargo sí tendrá en cuenta la alegación referente a la composición de la mesa de contratación. Ambas alegaciones fueron presentadas por una empresa durante el periodo de exposición pública del pliego que ahora se amplía. La empresas podrán presentar sus propuestas hasta mediados del mes de octubre.
El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, explicó a los medios que el periodo de adjudicación se decidió "por criterio técnico" y recordó que "serán prorrogables o no, así que entra dentro de lo que decía la alegación de que más de 25 años era excesivo".
En cambio, sí se acepta la relativa a la composición de la mesa, en la que el consistorio propuso que "hubiera un ingeniero de Perfil 7 que es quien redacto el proyecto". Así que, el primer edil apuntó que aunque "no tiene nada que ver con quien ha puesto las condiciones, pero para más pureza lo hemos evitado".
De esta forma, el alcalde recordó que salió adelante por unanimidad e insistió en que "ha sido una táctica para retrasar el periodo de exposición, teniendo en cuenta que caía en agosto". Ahora, "se retrasa el periodo de alegaciones y da tiempo a todas las empresas para que puedan estudiar los pliegos y presentar sus ofertas". El plazo de presentación de ofertas, con estos cambios, finalizará a mediados del próximo mes de octubre.
Para la portavoz del Partido Popular, Enma Buj, este trámite "es un nuevo tropiezo en la situación de alegalidad en la que se encuentra Teruel en su servicio de agua".
Buj recordó que esta situación viene provocada por "la actuación de Miguel Ferrer al frente de la Diputación Provincial de Teruel", así indicó que en septiembre de 2003 el consistorio y la DPT firmaron un convenio de colaboración para que la Diputación prestara el servicio de agua a la ciudad de Teruel que, después se adjudicó a la empresa semipública Sastesa, participada en un 51 por ciento por la DPT.
La 'popular' apuntó que después de la denuncia de una empresa privada y, la decisión de un juez, ha habido que repetir el concurso. Por eso, Buj manifestó que "no es de recibo esta situación de alegalidad en la que se encuentra Teruel y hay que solucionarlo cuanto antes" por lo que justificó su voto favorable.
En este sentido, el alcalde de Teruel se preguntó "cómo se ha hecho en todos los pueblos de Teruel". Ferrer afirmó que "es lógico que se adjudique a una empresa pública", pero apuntó que en el caso de Sastesa "al ser sólo en un 51 una empresa pública, es lo que estima el juez que se hizo mal en su momento".
Además, aseguró que "es curioso que sólo hay fallo contra la decisión que tomó el Ayuntamiento de Teruel". Ferrer señaló que "quizá porque la cuantía económica es más importante". Para concluir, el primer edil manifestó que "yo creo que este pliego mejora mucho el que había y nuestra intención es llevarlo adelante cuanto antes".
También desde CHA votaron a favor en el Pleno de hoy. Aún así, su portavoz, Francisco Martín aseguró que "al margen de la legalidad del pliego, consideramos que el Ayuntamiento podría haber tenido más ventajas en esta operación".
Entre otras cuestiones, las bases establecen que la empresa adjudicataria tendrá que realizar importantes mejoras en la red con una inversión de 2,5 millones de euros. Entre estas obras se encuentra la construcción de un depósito de 10.000 metros cúbicos, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia; nuevos sondeos en Platea y Escandón; la mejora de los pozos de la carretera de Cuenca y las obras de renovación en la red de distribución entre otras obras destinadas a la mejora de la gestión servicio.
La concesión del servicio de agua y alcantarillado se realizará por un periodo de veinte años prorrogable por otros diez. Además la empresa adjudicataria tendrá que aportar un canon mínimo anual de 250.000 euros y máximo de 750.000 euros. La empresa adjudicataria también estará obligada a la subrogación del personal que en la actualidad está prestando servicio a través de Sastesa.