CCOO rechaza crear una fundación para atender las personas tuteladas por la DGA y pide incrementar el personal público

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Diputación General de Aragón (DGA) ha criticado la intención del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de privatizar el servicio de tutela de personas adultas mediante la creación de una fundación y ha pedido incrementar en un 40 por ciento la plantilla de funcionarios, lo que supondría unas 15 personas.

Así lo ha solicitado en rueda de prensa el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA, Francisco José González, y el responsable de acción sindical de CCOO en el IASS y educador social, José Ramón González.

Este último ha detallado que, según datos de 2018, las secciones de tutela del Gobierno de Aragón atienden a 1.321 personas, 268 en Huesca, 159 en Teruel y 894 en Zaragoza, mientras que el número de trabajadores es de 29 empleados, ocho en la provincia oscense, cuatro en Teruel y 17 en Zaragoza.

También ha mencionado que en esta última provincia, entre 2011 y 2018, el número de expedientes ha pasado de 546 a 894, un 64 por ciento más, si bien el personal ha pasado de 15 a 17 trabajadores, un 13 por ciento de aumento, cuando "la carga de trabajo es ingente" y la administración "es la única red social para estas personas".

Esto hace que la práctica totalidad de la plantilla sea personal interino "porque no pueden aguantar la presión de trabajar sin medios", ha precisado, por su parte, el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA, Francisco José González, que ha reclamado "reforzar" la sección de tutela de adultos y mejorar las condiciones salariales de estos trabajadores como forma de reconocer la "alta carga mental y la alta responsabilidad" que supone ejercer esta función.

SE PUEDE ASUMIR

Asimismo, ha considerado necesario ese incremento de la plantilla de un 40 por ciento, tanto de trabajadores y educadores sociales, como de administrativo, que ha estimado que podrían suponer unos 500.000 euros, cifra sobre la que he dicho: "Por muy caro que resulte socialmente, se puede asumir".

Ha reforzado su petición al señalar que se estima que existe una tendencia de incremento del número de personas que va a requerir tutela por parte de la Administración.

El responsable de acción sindical de CCOO en el IASS también ha apuntado la necesidad de establecer otra forma de organizar el trabajo, tras el cambio legal producido el verano pasado que lleva a que los juzgados limiten las capacidades de estas personas lo menos posible, algo que añade "complejidad" a la gestión de cada caso.

LO MÁS BARATO

El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA ha manifestado que la decisión anunciada por el Gobierno de Aragón de crear una fundación "busca" que la tutela "le salga lo más barato posible", cuando se trata de personas "que no tienen a nadie detrás", tampoco para reivindicar sus derechos.

Ha comentado, además, que no han recibido ninguna información "de los pasos que se van a dar", "se ha actuado al margen de la representación sindical" y esto es "otro indicio más de la falta de transparencia", tras "muchos años de desidia" en este ámbito.

José Ramón González ha esgrimido que si detrás de esta medida se encuentra "el interés de dedicar menos recursos públicos" esto puede derivar en un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores o en intentar acceder a otros ingresos destinados a este tipo de entidades, "entrando a competir con otras fundaciones ya existes".

En su opinión, la atención a los adultos tutelados requiere que la administración "dedique los recursos públicos que sean necesarios y no intentar rivalizar por otros ingresos con otras entidades sociales".

Ha enfatizado en que si el servicio se presta con empleados públicos será "la mejor garantía de transparencia y equidad para los tutelados" y por eso ha pedido la IASS "recursos suficientes y adecuados" para un colectivo "invisible", "que no cuenta con nada, ni con nadie que represente sus intereses, ni que los defienda".

Son personas "si red social familiar, con dificultades personales graves", que dependen de la administración "para poder tomar casi cualquier decisión de su vida o ejercer sus derechos", ha constatado.

CONTACTO CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA ha anunciado su intención de dirigirse a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para que estos interpelen al Gobierno autonómico.

Asimismo, han solicitado una reunión formal en el IASS "y seguiremos oponiéndonos, en la medida de lo posible, a un modelo al que no le encontramos ninguna otra ventaja que detraer recursos públicos para que el Gobierno de Aragón lo dedique a otras cosas".

González ha transmitido su "sensación" de que atender a un colectivo "vulnerable y desprotegido, hoy por hoy, es poco rentable mediáticamente y es preferible atenderlos en precario y de mala manera", cuando lo que requieren estas personas es "equidad".

Ha añadido que se quiere ofrecer una atención "low-cost", a pesar de que se hayan defendido la importancia de los servicios públicos durante la pandemia del coronavirus.

PERFIL

El responsable de acción sindical de CCOO en el IASS ha explicado que solo en un dos por ciento de los casos se restaura la capacidad de la persona tutelada, de manera que, en general, estas personas se encuentran en situaciones "graves, permanentes e irreversibles".

El 55 por ciento tienen problemas de salud mental, el 25 por ciento discapacidad psíquica y el 20 por ciento demencia u otras circunstancias.

Asimismo, de las personas tuteladas que padecen enfermedad mental, tres de cada cuatro son menores de 65 años. Además, aproximadamente, un 27 por ciento reside en su propio domicilio. "Esto supone vivir en soledad, sin apenas apoyos de ninguna red social", ha expuesto José Ramón González.

Ha advertido de que la administración pública no aporta recursos económicos, salvo en casos muy excepcionales, de manera que estas personas viven con sus propios recursos.

Además, puesto que casi nunca han podido trabajar de manera continuada, sus ingresos mensuales suelen provenir de pensiones no contributivas o de prestaciones por hijo a cargo. "No más de 515 euros mensuales" de media, cantidad con la que deben hacerse cargo de sus gastos de vivienda, manutención, ropa y suministros, entre otros, ha relatado González.

También ha recordado que solo un juez puede decidir que alguien no es capaz de tomar decisiones por sí mismo y quién es la persona idónea para ejercer ese papel de apoyo, priorizando al cónyuge o persona con quien conviva, descendientes mayores de edad, padres, abuelos, hermanos, otras personas que se consideren adecuadas y, en última instancia, a la entidad pública responsable de la protección de incapacitados.

Ha indicado que a estas personas se les ha de ayudar a todo tipo de tareas, como firmar un consentimiento informado para una operación, un contrato de alquiler o de suministro o para cualquier otra gestión o apoyo.

Además, se han de elaborar los inventarios y las rendiciones anuales de cuentas, un requisito de los juzgados para conocer la evolución de la situación económica de los tutelados. El IASS está contratando servicios con empresas y entidades sociales para desempeñar esta tarea puesto que, con la plantilla actual, no se puede abordar.