Celma y Dívar (PP) exigen frenar el cierre de cuarteles "ante la inseguridad rural"

El presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma, y la senadora del PP Rocío Dívar, en su visita a Quinto.
El presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma, y la senadora del PP Rocío Dívar, en su visita a Quinto. - PP.
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 14:14

QUINTO (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, y la senadora popular Rocío Dívar han denunciado en Quinto el "grave deterioro" de la seguridad en el medio rural aragonés y han criticado la política del gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad, especialmente tras el cierre de los cuarteles de la Guardia Civil de Quinto y La Muela.

Celma ha explicado que la preocupación por la inseguridad "es cada vez más intensa" en numerosos municipios de la provincia de Zaragoza, especialmente en zonas agrícolas y ganaderas donde se están produciendo robos y problemas de convivencia.

"En Quinto recientemente se ha ocupado una vivienda y ha habido robos en el pabellón municipal". Una situación que, ha indicado, "no es un caso aislado, también ocurre en Borja, Caspe y otros muchos municipios".

El presidente provincial del PP ha explicado que "se trata de una contradicción inadmisible que en un contexto de aumento de la inseguridad el Gobierno de España haya decidido cerrar cuarteles de la Guardia Civil en el medio rural".

"Se están dejando desprotegidas zonas fundamentales para nuestra provincia; zonas agrícolas y ganaderas donde los vecinos necesitan sentir que sus propiedades y su trabajo están protegidos", ha manifestado.

Celma también ha denunciado la falta de efectivos en la provincia, recordando que de las aproximadamente 1.600 plazas contempladas en la provincia de Zaragoza solo hay cubiertas alrededor de 1.300.

"Estamos hablando de un 17% de vacantes sin cubrir mientras la inseguridad sigue creciendo. El Gobierno tiene que reaccionar y atender de una vez los problemas reales de nuestros pueblos", ha subrayado.

Celma ha destacado que "con inseguridad es muy difícil fijar población y atraer nuevos vecinos. Nuestros pueblos viven de la agricultura y la ganadería y quienes trabajan en el campo necesitan la tranquilidad de saber que hay presencia y respuesta de las fuerzas de seguridad".

En este sentido, ha anunciado que el Partido Popular seguirá impulsando iniciativas en las instituciones aragonesas y llevará también esta reivindicación al Senado y al Congreso de los Diputados.

LA INSEGURIDAD, "UNA REALIDAD"

Por su parte, la senadora Rocío Dívar ha asegurado que el cierre de cuarteles y la pérdida de presencia física de la Guardia Civil en el medio rural "es consecuencia directa de una decisión profundamente equivocada del ministro Fernando Grande-Marlaska y del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ha recordado que el Partido Popular lleva años denunciando esta situación en la Cámara Alta y ha criticado que el Ministerio del Interior trate de justificar estos cierres como simples "decisiones organizativas".

"La inseguridad que están denunciando los ciudadanos no es una invención, es una realidad", ha afirmado Dívar, quien ha señalado que en los últimos años han aumentado los delitos patrimoniales y los robos en explotaciones agrícolas.

Además, ha recordado que informes recientes de asociaciones profesionales de la Guardia Civil reflejan un incremento de la delincuencia en zonas rurales entre 2019 y 2024.

La senadora popular ha insistido en que todos los ciudadanos tienen derecho a los mismos servicios básicos independientemente del lugar donde residan. "Las personas mayores de nuestros pueblos siempre han tenido en el cuartel de la Guardia Civil un lugar de referencia al que acudir cuando tenían un problema y ahora muchos municipios dependen de puestos situados a más de una hora de distancia", ha expuesto.

Finalmente, Dívar ha avanzado que el Partido Popular reclamará en la Comisión de Interior del Senado la reapertura de los cuarteles cerrados y el refuerzo inmediato de efectivos en las zonas rurales de Aragón. "Lo hacemos por justicia y responsabilidad porque los vecinos de nuestros pueblos merecen vivir con tranquilidad y tener la misma protección que cualquier ciudadano de España", ha concluido.

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