CHA y Partido Verde piden moratoria ante la expansión "sin precedentes" de las plantas de biogás en Aragón

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

CHA y el Partido Verde han plantado una moratoria ante la expansión "sin precedentes" de las plantas de biogás y biometano en Aragón mientras se regula su desarrollo.

Así lo han trasladado este martes en rueda de prensa la secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, y el protavoz del Partido Verde en Aragón, Jorge Luis Bail, que han presentado una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Cámara autonómica sobre la ordenación de estas plantas en la Comunidad.

Villagrasa ha explicado que "la iniciativa parlamentaria ha contado en su elaboración con la participación ciudadana que se está organizando para hacer frente a la expansión sin precedentes de proyectos de biogás y biometano en todo Aragón".

Según los datos actualmente disponibles, existen alrededor de 75 proyectos en distintas fases de tramitación, de los cuales 31 se concentran en comarcas del Alto Aragón, 37 en comarcas de Zaragoza y 7 en comarcas del sur, "unas cifras que superan ampliamente las previsiones recogidas en el propio Plan Energético de Aragón 2024-2030, que contemplaba un desarrollo significativamente menor de este tipo de instalaciones".

La también diputada de CHA ha admitido que el biogás puede constituir una herramienta útil para la transición energética y la valorización de residuos si se desarrolla bajo criterios de proximidad, dimensión adecuada y suficiencia territorial, economía circular y protección ambiental. Sin embargo, "el crecimiento acelerado y desordenado de proyectos está generando una creciente preocupación social en numerosos municipios aragoneses que carecen de herramientas útiles para valorar los impactos reales de actividades industriales en su entorno".

Para el cooportavoz del Partido Verde en Aragón, "la gestión de los digestatos, el incremento del tráfico pesado, los riesgos para la calidad de las aguas, las emisiones odoríferas, la dispersión de elementos químicos, el impacto paisajístico, la concentración de instalaciones en comarcas como la Hoya de Huesca y el incentivo para la creación de nuevas macrogranjas son algunas de las cuestiones que están siendo objeto de debate público".

A ello se suma "la incertidumbre sobre la disponibilidad real de residuos suficientes para abastecer el elevado número de plantas proyectadas y el efecto llamada que esto puede suponer, es decir, la posibilidad de que Aragón se convierta en receptor de todo tipo de residuos para este tipo de plantas de forma incontrolada".

"La aparición de plataformas ciudadanas pone de manifiesto la necesidad de mejorar la planificación, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones sobre estas infraestructuras", ha añadido Bail, quien ha defendido compatibilizar el aprovechamiento energético de los residuos con la protección del territorio, la saluda pública, la actividad agraria y ganadera, la conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de las poblaciones rurales.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

Por ello, han planteado una iniciativa con hasta 14 puntos en la que piden, en primer lugar, elaborar, en el plazo máximo de seis meses, un Plan Aragonés de Ordenación del Biogás y Biometano que determine las necesidades reales del territorio y establezca criterios vinculantes sobre ubicación, capacidad, distancias a núcleos habitados, recursos hídricos, espacios naturales protegidos, espacios reservados para la recuperación de especies, impacto paisajístico, centros educativos y otros equipamientos sensibles.

Del mismo modo, han pedido la suspensión cautelar de la autorización de nuevas plantas de biogás y biometano de carácter industrial hasta la aprobación de dicho plan, salvo aquellas instalaciones de pequeña escala vinculadas exclusivamente a residuos generados en la propia instalación ganadera, en el propio municipio o comarca.

La proposición no de ley establece también una "rigurosa exclusión" de residuos procedentes de mataderos y de vertederos, limitándolos a los generados por la actividad agropecuaria.

CHA propone también crear un registro público, accesible y actualizado de todos los proyectos de biogás y biometano en Aragón, indicando su estado de tramitación, capacidad prevista, empresa promotora, origen de los residuos, superficie necesaria para la gestión de digestatos y municipios afectados.

A ello han sumado incorporar en todos los procedimientos de evaluación ambiental el análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos derivados de la concentración de proyectos en una misma comarca o territorio.

LÍMITES

Han abogado también por establecer límites máximos de concentración territorial de instalaciones de biogás y biometano para evitar una distribución desequilibrada de las cargas ambientales y garantizar la cohesión territorial, además de localizar las plantas de acuerdo con los consistorios circundantes al municipio de radicación.

Por otro lado, CHA y el Partido Verde han apostado por garantizar que los proyectos autorizados acrediten la disponibilidad real y suficiente de residuos en un ámbito de proximidad razonable, vetando modelos basados en el transporte masivo de residuos entre municipios lejanos, provincias o comunidades autónomas. La internalización de la huella de carbono prevista debe deparar obligatoriamente un ahorro neto en emisiones de GEI, por lo que cabe la inadmisibilidad de los proyectos que no incluyan este cálculo.

Reforzar los mecanismos de participación pública, ampliando los plazos de información pública y facilitando documentación accesible y comprensible para la ciudadanía, es otro de los puntos de la iniciativa, al igual que impulsar sistemas públicos de seguimiento y control de emisiones, olores, tráfico pesado, gestión de digestatos y afecciones a las aguas superficiales y subterráneas, publicando periódicamente sus resultados.

Del mismo modo, han planteado la obligación de que los proyectos y los estudios de impacto ambiental presenten y analicen planes claros, comprensibles, rigurosos, realistas y creíbles para la gestión de digestatos, incluyendo dicha actividad en el balance de ahorro/emisión de GEI del proyecto.

La proposición no de ley recoge también que se prioricen las instalaciones de pequeña y mediana escala vinculadas a explotaciones agroganaderas, cooperativas, comunidades energéticas locales o iniciativas municipales frente a proyectos de carácter industrial de gran dimensión.

Por último, incluye la constitución de una mesa aragonesa del diálogo sobre biogás y biometano, con participación de ayuntamientos, comarcas, organizaciones agrarias, entidades ecologistas, plataformas vecinales, comunidad científica y sector empresarial, que permita el acceso de dichos entes interesados a la información precisa y los recursos técnicos para poder valorar el impacto local de los proyectos, así como la revisión del Plan Energético de Aragón 2024-2030 en materia de biogás y biometano, adaptándolo a la realidad actual de proyectos finalizados y en tramitación, y garantizando que el desarrollo del sector responda a criterios de interés general, equilibrio territorial y sostenibilidad ambiental.