Chueca: "El Ayuntamiento de Zaragoza está desbordado por una regularización a granel, que no dignifica a las personas"

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que el Ayuntamiento está "desbordado" por la llegada de cientos de personas a raíz de la entrada en vigor del real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes que, a su parecer, es una "regulación hecha a granel que no busca dignificar la vida de las personas".

Chueca ha relatado que el Ayuntamiento de Zaragoza presenta filas con "cientos y cientos" de personas inmigrantes desde las cuatro de la mañana, una imagen que ya se vivió este jueves con la publicación en el BOE del citado real decreto y que es extensiva a otros ayuntamientos de España.

"Ayer --ha relatado-- nos vimos desbordados, por sorpresa, por cientos y cientos de personas inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y sobre todo un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto y que desde el ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación y ninguna información por parte del Gobierno de España".

TAPAR LA CORRUPCIÓN

"Que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas como si fuesen mercancías una vez más", ha emplazado para reiterar esta regulación está hecha "simplemente para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar --Cortes Generales--, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y después los servicios públicos y los servicios sociales de España".

VULNERABILIDAD

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca se ha quejado de la falta de diálogo e información del Gobierno de España hacia los ayuntamientos que es donde se concentran las filas para pedir el certificado de empadronamiento que les acredite que llevan al menos cinco meses en España para tener la regularización y el certificado de vulnerabilidad, que compete a las entidades sociales.

"Que nos digan cómo quiere gestionarlo el que ha creado esta situación", ha instado la alcaldesa después de criticar que cuando solicitaron información por escrito a la Delegación del Gobierno en Aragón, el delegado, Fernando Beltrán, les respondió que no era un asunto municipal. "Nos dijo que no necesitábamos información porque no íbamos a tener que gestionar nada, que era una cuestión de la Administración General del Estado y por lo tanto los ayuntamientos no tenían nada que opinar, ni nada que preguntar".

Para Chueca esta falta de información es una "descortesía institucional" y ha contado que cuando la ciudad celebra un evento, como es el caso de las fiestas del Pilar, y se necesita de la colaboración del Gobierno de España se convoca una Junta Local de Seguridad. "Nos reunimos --ha contado-- con la Delegación del Gobierno, trabajamos, compartimos información anticipadamente para que luego todo suceda con normalidad, se tramite adecuadamente y los ciudadanos puedan entender y percibir que están seguros y que se prestan bien los servicios".

En este caso, ha sido el Gobierno de España el que ha realizado un decreto y no ha informado a los ayuntamientos, ha abundado. "El que ha cambiado las condiciones y está implicando, parece ser, a los ayuntamientos, ni siquiera nos han mandado una información previa".

"Estamos a la espera de que sea el Gobierno de España quien ponga más recursos, porque son sus competencias, las competencias de fronteras y de inmigración, y también nos ponga más información y recursos económicos si necesita nuestra colaboración. Nosotros no podemos tomar medidas si antes no nos dice quién es la institución que está cambiando las pautas y las necesidades", ha aclarado.

MALA GESTIÓN

A su parecer, con este real decreto "lejos de ayudar a las personas vulnerables que hay en la ciudad, lo que se está haciendo es que sean ellos los paganos de esta mala gestión y sobre todo un efecto llamada, que es difícil de atender con los servicios públicos y servicios sociales que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza".

Por lo tanto, ha deducido que el Gobierno de España "no está haciendo bien su trabajo" y "ya ha demostrado que es incapaz de gestionar".

Al respecto, ha citado que en su día "ya colapsaron los trenes de alta velocidad, ha habido un apagón y ahora están colapsando otras administraciones y servicios sociales".

Asimismo, ha precisado que es regulación "no atiende a una necesidad laboral o una necesidad de la sociedad española" porque "no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados que es donde debería haberse tramitado y haber obtenido el respaldo de la mayoría de los grupos políticos, sino que nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el Gobierno de España".

Ha comparado esta situación a la vivida en el gobierno presidido por José María Aznar cuando se hizo una regulación de inmigrantes "vinculada al empleo a generar más puestos de trabajo y a descubrir las necesidades de mano de obra que había y de profesionales que había en España".

En este caso, Pedro Sánchez está haciendo una regularización de inmigración vinculada "única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas en contra del Consejo de Estado y en contra de la opinión de la Unión Europea y en contra, por supuesto, del Congreso de los Diputados", ha enumerado.

Con lo cual, se produce una situación "bastante preocupante" para reiterar que desde el Ayuntamiento de Zaragoza están "totalmente desbordados sin saber cómo actuar, porque ni siquiera se ha dado información para poder entender y conocer cuáles son los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer las personas que vienen a buscarlo".

EL REAL DECRETO

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud --un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición-- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.