El consejero de Economía recibe al nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia

El consejero Alberto Larraz ha recibido este viernes al nuevo presidente del Tri
DGA
Actualizado: viernes, 21 enero 2011 16:03

ZARAGOZA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha mantenido este viernes un encuentro con Javier Oroz Elfau, recientemente nombrado presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

Oroz sustituye en el cargo a José Antonio García-Cruces, quien había presidido el organismo desde su constitución. En este encuentro han participado también los vocales del Tribunal: Jesús Solchaga, Dolores Gadea, Ignacio Moralejo y Mercedes Zubiri.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDCAr) se constituyó el 6 de julio de 2006 con el objetivo de contribuir al mantenimiento y promoción de la libre competencia, para así lograr una mayor eficiencia en los mercados.

La política de la defensa de la competencia es un instrumento fundamental de la política económica dirigida a fomentar el crecimiento económico. El buen funcionamiento de los mercados, que las empresas compitan en términos de igualdad unas con otras y que los consumidores puedan comprar a precios competitivos, es un requisito esencial para fomentar la actividad económica, recuerda el Ejecutivo autónomo en un comunicado.

El Gobierno de Aragón asumió las competencias en materia de Defensa de la Competencia en el ámbito de la Comunidad autónoma, mediante el Decreto 29/2006, de 24 de enero (BOA de 10 de febrero de 2006). Con este Decreto se dispuso la creación de los órganos autonómicos encargados de la defensa de la libre competencia: el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia.

Entre las funciones del Tribunal destaca la resolución de expedientes, la autorización con carácter excepcional de conductas potencialmente restrictivas de la competencia y la realización de informes, tanto aquellos que marque la legislación vigente como los que le pudieran ser solicitados por las administraciones públicas y las asociaciones profesionales, sindicales y de consumidores.

Las principales conductas que requieren la intervención administrativa en defensa de la competencia son los acuerdos o prácticas que puedan restringir o falsear la competencia entre empresas (fijación de precios, reparto territorial del mercado); el abuso de posición dominante hacia clientes o proveedores (negativa a satisfacer demandas, ruptura unilateral de contratos, modificación injustificada de condiciones).

También la competencia desleal, por falseamiento de la libre competencia, y la labor de emitir informes y dirigir sugerencias o propuestas de actuación relativas a la salvaguardia de la libre competencia a cualquier poder u órgano de la Comunidad autónoma de Aragón o de las Entidades Locales aragonesas.