ZARAGOZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) y el del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado al interventor un informe para que se pronuncie sobre el acuerdo del Gobierno de la ciudad de Zaragoza en Común (ZEC), de municipalizar el servicio de atención telefónica del 010 y sobre las discrepancias ya manifestadas con el informe de la asesoría jurídica sobre este proceso.
Ciudadanos, al igual que el PSOE, han considerado necesario conocer con exactitud la trascendencia de este acuerdo, así como las posibles consecuencias que pudiera tener a la hora de establecer las relaciones laborales con el consistorio de la capital aragonesa.
En una nota de prensa conjunta, los dos grupos municipales han recordado que han sido partidarios siempre "de un debate sosegado sobre los cambios de gestión de los servicios, de manera que si hay interés en apostar por un cambio de modelo se haga con luz y taquígrafos y no con la celeridad y la opacidad con la que ha optado el Gobierno de ZEC, que hurta a los órganos municipales el debate de asuntos tan trascendentales, optando por el uso y abuso de una figura tan específica como el decreto de Alcaldía", han criticado.
La concejal del grupo municipal de Cs, Elena Martínez, ha lamentado que ZEC "decida directamente" la municipalización del 010 ante "su incapacidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas".
A su parecer es "incomprensible" que no haya pedido otro informe a la Intervención y haya optado por la vía de resolver la discrepancia "unilateralmente", lo que ha impulsado que Ciudadanos y PSOE "hayan optado por solicitar este informe y resolver todas las dudas que deja el acuerdo de gobierno".
También, la concejala socialista, Marta Aparicio, ha calificado de "fundamental respetar los mecanismos que dan valor legal y jurídico a las actuaciones municipales", por lo que esperará a conocer el criterio de Intervención respecto a las discrepancias puestas de manifiesto entre su propio informe y el emitido por la asesoría jurídica del consistorio para tomar una decisión "debidamente fundamentada y que resuelva la inseguridad jurídica que rodea al 010", han concluido.
