ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, ha sostenido que "podemos llegar a un decreto de espectáculos con mucho consenso social", frente al que está en vigor, aprobado por el Ejecutivo anterior, para opinar que "no es de recibo la hipocresía social" de que "un menor con 16 años puede contratar sus servicios laborales y ser camarero en un espectáculo público, pero si quiere quedarse" al terminar de trabajar en él "necesita llamar a su padre para poder presenciarlo".
A su entender, esta situación "no parece sensata", según ha manifestado ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del PP para informar sobre sus líneas de acción de los próximos meses.
Ha remarcado que hay que "controlar seguridad y salubridad de los espectáculos" y lograr una "protección absoluta de la infancia y la adolescencia", al tiempo que "potenciar que el acceso al ocio y la cultura" y para eso ha apostado por "escuchar a todas las sensibilidades para ver sus puntos de vista y ver todas las aportaciones que nos puede hacer" al citado decreto.
Júlvez ha repasado las diferentes medidas de los próximos meses, entre ellas, conseguir que el 1 de enero de 2016 "la obligación legal de papel cero" en la Justicia para lo que "en julio empezamos a hacer los deberes", pero eso significa "dinero" porque hay que mejorar las redes y renovar 1.700 equipos lo que representa "unos 1,5 millones de euros".
Tras advertir de que en los últimos ocho años apenas ha habido renovación de equipos, ha apuntado que quizá se puedan obtener recursos del ahorro que podría suponer dejar de pagar el alquiler de la actual sede del Registro Civil en Zaragoza --en la calle Alfonso-- para trasladarlo a la Ciudad de la Justicia.
En relación a esta última cuestión, ha precisado que en los planes iniciales así se contemplaba, pero se dejó "provisionalmente" en su actual sede cuando se planteó "que podía privatizarse". Sin embargo, puesto que el actual Gobierno de Aragón "apuesta porque sea público", se requiere una sede definitiva.
Al respecto, ha aclarado que la actual tiene un coste de algo más de un millón de euros de alquiler, al que hay sumar gastos como los de vigilancia y mantenimiento. Además, los archivos no reúnen las condiciones para proteger libros que datan el año 1870 por lo que ha defendido su ubicación en la Ciudad de la Justicia, que supondría una inversión de 60.000 euros para adecuar espacios, algo que ha considerado de "sentido común".
OBRAS EN TERUEL
La directora general ha mencionado, en materia de infraestructuras, la necesidad de modificar el proyecto del Palacio de Justicia de Teruel, con un sobrecoste de entre 18.000 y 20.000 euros, puesto que el elaborado por el anterior Gobierno "respondía a la organización tradicional" y "nos confirman que se va a implantar nueva oficina judicial".
Según ha dicho, el nuevo proyecto "saldrá el mes que viene", ha sido "bien acogido" tras presentarlo el viernes pasado en Teruel y se hace "con visos de futuro". Por otra parte, ha comentado que este mes se están realizando "reparaciones imprescindibles" en inmuebles judiciales de Tarazona y Monzón.
La directora general se ha lamentado que "la situación de la Administración de la Justicia sea del siglo XIX" y ha comentado que "da vergüenza que la implantación de la nueva oficia judicial sea obligatoria desde 2003" y todavía no se haya realizado en Aragón.
Ha manifestado que su intención de recuperar y "mejorar" el documento de trabajo que se elaboró hace ocho años con todos los agentes implicados y que el Gobierno anterior "tiró a la papelera". "No quiso entrar en ese charco que no era fácil pero tenía trabajo adelantado", ha apostillado.
Ha asegurado que este nuevo modelo "hay que negociarlo con los sindicatos" y ha subrayado que "no se amortizará ni un solo puestos de trabajo", sino que pretende realizar una "reordenación" para prestar nuevos servicios, como la mediación intrajudicial o la asistencia a la violencia de género.
PERSONAL
Júlvez ha indicado que "hemos acordado refuerzos de personal en Jaca, Calatayud y Ejea de los Caballeros", para reconocer que "las dotaciones en los partidos judiciales fuera de las capitales de provincia son escasísimas" y por eso el criterio va a ser que en ellos se cubrirán de forma "inmediata" todas las bajas, licencias y excedencias si dura más de una semana para impedir la acumulación de casos.
Por otra parte, no ha estimado necesario crear un tercer juzgado de violencia de género en Zaragoza, si bien ha aclarado que se mantiene el complemento autonómico que se da a los trabajadores "para que siempre haya funcionarios que puedan prolongar la jornada y atender de forma inmediata" los casos en este ámbito.
En el área de Interior, Júlvez ha expuesto la necesidad de negociar con el Gobierno central la "permuta" de los 50 agentes en segunda actividad de la Unidad Adscrita a la Comunidad de la Policía Nacional por un número de efectivos activos "que pactemos", lograr la "integración" de las policías locales mediante el desarrollo normativo pendiente; y "fomentar" el cuerpo de voluntarios en Protección Civil para "no perder su gran ayuda ante cualquier situación de siniestro o emergencia".
Ha señalado que están pendientes las "normas reguladoras de servicios de extinción de prevención, incendios y salvamento" y la mejora de las comunicaciones en protección civil.
En materia de juego, ha dicho que es preciso combinar la protección al usuario y la prevención de las ludopatías con atender las necesidades de un sector económico que "genera una notable cantidad de puestos de trabajo y numerosos tributos". En 2014, permitió recaudar 41 millones.
PROTEGER A LOS MENORES
El diputado del PP, Fernando Ledesma, ha incidido en la necesidad de "evitar la cultura de consumo de alcohol en los menores" y ha precisado que el decreto del anterior Gobierno contempla su acceso con ciertas restricciones a espectáculos vinculados con éste, para recordar que la legislación laboral "protege" a los menores que trabajan e impide que lo hagan a determinadas horas.
Por otra parte, ha querido conocer las razones de la modificación del proyecto de adecuación del Palacio de Justicia de Teruel, no ha considerado que el traslado del Registro Civil de Zaragoza a la zona de la Expo "vaya a dar mejor servicio" y le ha pedido a Júlvez "consenso" para implantar la nueva oficina judicial.
El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha remarcado la "capacidad de diálogo" que ya ha demostrado la directora general estas primeras semanas, para defender que el Registro Civil "sea completamente público".
El diputado de Podemos, Alfonso Clavería, ha opinado que apostar por los sistemas extrajudiciales supone "acercar y democratizar la justicia" y ha pedido resolver los accesos a la Ciudad de la Justicia, con "6.000 usuarios diarios".
La diputada del PAR, María Herrero, ha enfatizado la necesidad de "modernizar la justicia" y actuar dentro del margen que tiene la Comunidad autónoma, para pedir mantener el convenio con AZAJER en prevención de las ludopatías y "potenciar" el papel de los voluntarios de protección civil, con un sistema en Aragón que "funciona bastante bien".
El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha pedido "desbloquear" la situación de juzgados como los de Jaca, Calatayud, Tarazona y Caspe, "revisar el personal que se necesita" y actuar en las infraestructuras del territorio y en nuevas tecnologías para "mejorar la calidad del servicio".
La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha indicado que para que la justicia "funcione como un servicio público esencial son necesarios esfuerzos económicos, labor pedagógica y que los gobiernos apuesten por él" y ha recalcado el objetivo "de extender la justicia gratuita", además de pedir un tercer juzgado de violencia de género en Zaragoza.
