La DGA reivindica el papel del cuerpo de inspectores como garantes de la equidad, la calidad del sistema docente y los derechos de la comunidad educativa - GOBIERNO DE ARAGÓN
HUESCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha reiterado su compromiso con la independencia de la Inspección Educativa, la seguridad jurídica y el diálogo con la comunidad educativa ante la huelga convocada por varias organizaciones sindicales en la provincia de Huesca para este miércoles 14 de octubre.
El Ejecutivo autonómico ha manifestado que respeta el ejercicio de este derecho fundamental y ha establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención del alumnado y el funcionamiento de los centros educativos durante la jornada.
En un comunicado, Educación ha defendido que garantizar la autonomía de la acción inspectora frente a presiones o injerencias constituye una salvaguarda para la equidad del sistema educativo y la protección del profesorado. En este sentido, ha asegurado que velará por la independencia de los cuerpos de inspección y del conjunto de los empleados públicos en el ejercicio de sus competencias, bajo criterios de objetividad y respeto a los derechos de la ciudadanía.
EDUCACIÓN NIEGA SIETE EXPEDIENTES EN EL IES RAMÓN Y CAJAL
En relación con la actividad inspectora en Huesca, el Departamento ha rechazado que existan siete expedientes vinculados al IES Ramón y Cajal de la capital oscense, como han señalado la oposición y organizaciones sindicales. Según ha precisado, únicamente consta un expediente pendiente de resolución y dos apercibimientos, de los cuales solo uno concluyó con una sanción por falta leve.
La Consejería ha añadido que los procedimientos disciplinarios afectan al 0,41% de la plantilla de la provincia, de acuerdo con la memoria de la Dirección de la Inspección Educativa correspondiente al curso 2025-2026.
Asimismo, ha defendido que estos procedimientos son independientes y subsidiarios, y que responden exclusivamente al incumplimiento de deberes administrativos o de la normativa específica aplicable al personal público. El Departamento ha asegurado que garantiza las correspondientes salvaguardas procedimentales y que ha anulado de oficio aquellas sanciones en las que detectó defectos formales en la incorporación de alegaciones.
En cuanto al expediente que ha centrado parte de las críticas sindicales, Educación ha rechazado que responda a un supuesto ataque a la libertad sindical. Según su versión, el procedimiento se inició por la presunta vulneración de una obligación fundamental del funcionario afectado: la protección de los derechos de un menor.
La tramitación de este expediente permanece suspendida hasta que la Inspección General de Servicios concluya la investigación solicitada por los sindicatos hace dos semanas, según ha recordado el Departamento.
DIÁLOGO SOBRE LAS DEMANDAS SINDICALES
Por otro lado, Educación ha considerado que las reivindicaciones relativas a la simplificación burocrática, la unificación de criterios de supervisión entre las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel y la clarificación de las programaciones de la LOMLOE deben abordarse en el ámbito autonómico.
La Consejería ha asegurado que mantiene abiertas las vías de interlocución con la comunidad educativa y que ha trabajado en una propuesta de compromisos concretos para aportar certidumbre documental y reforzar el acompañamiento pedagógico en las aulas aragonesas.
Con esta posición, el Departamento sostiene que la independencia de la Inspección, las garantías jurídicas y el diálogo son compatibles con la revisión de los procedimientos y la búsqueda de soluciones a las demandas planteadas por los profesionales de la educación.
