ZARAGOZA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Familias de las Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, afirmó hoy que sería "doloroso" que no fueran a prisión los acusados por las identificaciones erróneas de la mitad de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Turquía.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó al general Vicente Navarro y a otros dos oficiales por las citadas identificaciones erróneas convocó hoy a las partes para el próximo martes al objeto de notificarles su sentencia.
Sencianes explicó en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en Zaragoza en una conferencia titulada 'El Yak que nunca llegó a Zaragoza', que durante el juicio quedó claro que los acusados "tenían la orden de estar en 48 horas en España y la determinación de no identificar a los nuestros".
"Sabían perfectamente lo que hacían", a pesar de que "nos lo negaron", señaló el presidente de la asociación de familiares. "Intencionadamente no identificaron a los nuestros, de esto no nos cabe ninguna duda" y "llevaron la desgracia a las familias, a los hijos, a los padres, a las viudas".
Sencianes agregó que llevan seis años "buscando toda la verdad" y en caso de que la sentencia no les satisfaga aseguró que la recurrirán y seguirán "buscando la justicia", yendo hasta las instancias que sean precisas.
Por su parte, otro miembro de la Asociación de familiares, José Antonio Gracia, estimó que "todo España se ha percatado de cómo fueron los hechos" y ha quedado "muy claro" que "todo estaba organizado y orquestado desde Madrid, unos ordenaron y otros obedecieron órdenes".
Por eso, confió en que "se resuelva de la manera que todos esperamos" porque "sabían lo que hacían y lo hicieron porque quisieron y obedecieron órdenes" y recordó que los familiares, como acusación particular, piden seis años de cárcel para los tres acusados por un delito de falsedad en documento oficial.
Además, reclaman al tribunal que investigue quién dio a los acusados la orden de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente.
Por su parte, el fiscal, Fernando Burgos, solicita cinco años de cárcel para el general Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputa un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.
