MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz la reapertura del sumario instruido por el asesinato del Senador del PP Manuel Giménez Abad, cometido el 6 de mayo de 2001, para dirigir el procedimiento contra los integrantes del "comando Zaragoza" David Pla y Aitor Lorente, ya condenados por pertenencia a ETA, y cuya excarcelación estaba prevista para el próximo 25 de julio.
Los portavoces de la Fiscalía, Juan Antonio García Jabaloy y Juan Moral, anunciaron hoy la medida en una comparecencia ante los medios de comunicación, incluyéndola en una "nota informativa" que da cuenta de las actuaciones emprendidas por el Ministerio Público contra la banda terrorista ETA en el último mes.
La nota, donde se informa de otras actuaciones judiciales contra la banda, viene encabezada por un párrafo que la justifica "en respuesta a las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación que cuestionan la actuación de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo de ETA".
García Jabaloy puntualizó que la Fiscalía no sólo no ha paralizado en ningún momento su actuación contra ETA desde que la organización terrorista anunciara un alto el fuego permanente, sino que incluso "ha incrementado su actividad" en este sentido.
GIMÉNEZ ABAD.
Sobre la investigación del asesinato del senador popular, la nota señala que su reapertura se pidió ayer para dirigir el procedimiento contra Pla, Lorente y contra otros dos miembros de ETA identificados como Ainara Esterán y Nerea Garaizar.
Todos ellos, según la Fiscalía, integraban presuntamente un comando de información que actuó en Zaragoza durante el año 2000, recopilando datos sobre el senador del PP y sobre otros políticos aragoneses.
"Esta información fue trasladada a Francia y sirvió para la perpetración del asesinato de Manuel Giménez Abad, circunstancia que ha sido conocida recientemente en virtud de comunicación de las autoridades judiciales francesas tras el análisis de los ordenadores incautados con motivo de la detención del miembro de ETA Juan Fernández Iradi, alias "Susper".
Lorente y Pla fueron detenidos en el otoño de 2000. En junio de 2001, el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Caballero y las defensas de los dos integrantes del "comando Zaragoza" de ETA alcanzaron un acuerdo de conformidad para la imposición a cada uno de ellos de una pena de 6 años de cárcel por el delito de pertenencia a banda armada.
Las defensas de los acusados aceptaron la imposición de esta pena, que supuso una rebaja de cinco años respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba 11 años de cárcel para Lorente y Martín, 8 por pertenencia a banda armada y otros 3 por falsificación de documento oficial.
OTRAS ACTUACIONES.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó también hoy de que el pasado 29 de mayo recurrió el licenciamiento definitivo por cumplimiento de condena que la Sala de lo Penal había aprobado con respecto al etarra Fermín Ventura Pérez.
Considera la Fiscalía que en este caso debe aplicarse la doctrina de acumulación de penas emanada de la sentencia dictada el pasado mes de febrero con respecto al etarra Henri Parot, entendiendo que las redenciones deben aplicarse a la totalidad de penas impuestas aunque lo hayan sido en un sólo proceso penal, "tesis que si hubiera sido aceptada por el Tribunal hubiera permitido posponer la excarcelación del indicado penado", según explica la nota informativa.
Asimismo, el pasado día 8 la Fiscalía instó a los juzgados competentes la orden de detención y reclamación de Zigor Merodio y Cristina Gil de San Vicente, detenidos el 1 de junio en Francia, a quienes se acusa de colaboración y pertenencia a ETA.
También ha pedido que se envíen sendas comisiones rogatorias al país vecino para incorporar a los procesos penales abiertos contra ellos en España toda la información incautada con motivo de la detención "y permitir la investigación del aparato de finanzas de la organización".
La nota sobre la actividad de la Fiscalía también incluye la petición de procesamiento del histórico etarra José Luis Urrusolo Sistiaga por un delito de amenazas terroristas cometido contra funcionarios de la prisión en la que se encuentra ingresado, una medida que fue acordada por el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado viernes.
Finalmente, la información facilitada señala que entre los pasados 16 de mayo y 16 de junio se celebró una docena de juicios contra miembros de ETA y de su entorno -de un total de 27 desde principios de año-, "habiendo mantenido el Ministerio Fiscal la acusación en todos los casos y con la particularidad de que en alguno de ellos se han incrementado las penas a imponer en el juicio oral".
Añade que en el mismo periodo la Fiscalía ha formulado 12 escritos de acusación provisional por diversos delitos de terrorismo, que afectan a 25 individuos, de un total de 41 acusaciones presentadas desde el pasado mes de enero.