El Gobierno de Aragón destaca que "han desaparecido prácticamente" los encargos del INAGA a consultoras externas

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ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco, ha afirmado este lunes que el plan de agilización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) "está funcionando bien" y que "han desaparecido prácticamente" los encargos a consultoras externas.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado que, actualmente, "hay menos expedientes acumulados, se ha mejorado mucho en digitalización y tenemos más personal", al tiempo que se realizan encargos a la empresa pública SARGA, dependiente del Gobierno de Aragón.

"El INAGA ha pasado de ser un organismo con una acumulación histórica de expedientes a convertirse en un instituto más moderno, digitalizado, con más gente y capaz de tramitar directamente los proyectos que se presentan en Aragón", ha continuado Blasco, indicando que "se han abordado también las principales cuestiones que alerta el informe de la Cámara de Cuentas presentado hace dos semanas".

Este informe, de fiscalización del INAGA en 2022 y 2023, reprocha a este organismo una falta de control en la supervisión de los proyectos de energías renovables al no pedir a los solicitantes datos básicos como la identificación de los grupos empresariales que los impulsaban.

Para ello se establecieron dos ejes de actuación principales: la informatización integral de los procedimientos y el refuerzo de los medios humanos. La evolución registrada desde su puesta en marcha confirma una mejora sustancial en la gestión administrativa, manteniendo los niveles de control y calidad en la evaluación ambiental de los proyectos y minimizando el uso de empresas ajenas al Gobierno de Aragón.

Blasco ha apuntado que cuando entró el Gobierno de Jorge Azcón había 7.500 expedientes activos y en la actualidad hay 4.400, un 41% menos, y los expedientes fuera de plazo se elevaban a 4.875 y hoy son 2.750, un 44% menos, mientras que los contratos con consultoras externas han disminuido un 99,5%, ya que solo se está tramitando un expediente por este procedimiento, cuando en 2022 fueron 188, en 2023 cinco y en 2024 cuatro.

"No se ha encargado ningún expediente de impacto ambiental que tenga que ver con energías renovables a consultoras externas" por "prudencia", cuando en 2021 y 2022 se encargaron 342 expedientes, ha añadido.

El 80% de los 9.500 expedientes que se tramitan al año se realizan por medios electrónicos, el 45% de las tipologías, y la plantilla de personal ha pasado de 72 a 86 personas, 14 más, "el mayor incremento en la historia del INAGA", de manera que "se reduce el atasco en un 50%".

Este sistema permite solicitar toda la documentación necesaria desde el inicio, guiar al usuario en la elección del trámite adecuado y remitir automáticamente el expediente a la unidad competente, evitando reenvíos y subsanaciones posteriores.

Asimismo, incorpora funcionalidades como la autoliquidación de tasas, la integración con sistemas de información geográfica y bases de datos ambientales, la generación automatizada de documentos y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial.Estos avances han tenido un impacto directo en la reducción de plazos de tramitación en ámbitos como la gestión de expedientes de productores de residuos, que han pasado de resolverse en varios meses a hacerlo en cuestión de días.

También se ha producido una notable simplificación en la gestión de expedientes relacionados con la actividad cinegética, con más de 2.500 procedimientos anuales, gracias a la implantación de un nuevo sistema de precintos personalizados con código QR y aplicaciones específicas para la comunicación y gestión de batidas.

Además, el INAGA está utilizando la Inteligencia Artificial (IA) para la comprobación de documentación con la colaboración de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), empresa pública autonómica.

En cuanto a Forestalia, Blasco ha comentado que el Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes autonómicas todos los expedientes que tiene el INAGA, observando que "quien tiene toda la información es la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel", precisamente el motivo por el que el Ejecutivo en funciones se ha personado como perjudicado en la causa judicial para ser posteriormente acusación particular "si llega el caso".