El Gobierno de Aragón negociará con el Ejecutivo central la ley de energía aprobada en diciembre para evitar el TC

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón negociará con el Ministerio de Política Territorial la posible modificación de la ley de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial de Aragón, conocida como ley de la energía, aprobada por las Cortes autonómicas el pasado mes de diciembre, para evitar que el Ejecutivo central la recurra ante el Tribunal Constitucional (TC).

El anterior Gobierno de Aragón reguló esta materia mediante un Decreto-Ley durante la pasada legislatura, norma que fue recurrida y, finalmente, anulada, impulsando el año pasado una ley el Gobierno autonómico de Jorge Azcón, que fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 31 de diciembre pasado.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para anunciar la "colaboración" con el Ministerio de Política Territorial, tras el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica, de forma que representantes de ambos se reunirán en una "comisión bilateral de negociación" para llegar a un acuerdo sobre los 24 preceptos de la ley autonómica que el MITECO quiere reformar.

Vaquero ha comentado: "Preveíamos que esta ley pudiera tener algún tipo de reparos o que surgieran discrepancias con el Gobierno de España, pero cumplimos el compromiso del Gobierno de Aragón de elevar la ley a las Cortes", que la aprobaron.

Tras las objeciones planteadas por Política Territorial, el Ejecutivo aragonés tiene una posición "totalmente conciliadora, de colaboración", realzando que esta ley es "estratégica para Aragón, para la competitividad de las empresas y para el conjunto de la economía aragonesa".

El Gobierno de Aragón acepta la invitación a negociar para evitar el recurso de inconstitucionalidad, ha continuado Vaquero, quien ha rechazado "los conflictos constitucionales". El Gobierno de España tiene hasta el 30 de septiembre próximo para recurrir ante el TC.

Las cuestiones más controvertidas son el alcance de la regulación del autoconsumo, el reconocimiento de las mancomunidades energéticas, que no están recogidas en la normativa estatal, y la competencia de la Comunidad Autónoma para incorporar a su normativa el contenido de las directivas comunitarias.

"Esperamos llevar a cabo este acuerdo con el Estado y en su caso, siempre con una posición totalmente conciliadora y de colaboración institucional, promover la modificación de los preceptos que se puedan adaptar a una interpretación consensuada y de acuerdo con el texto constitucional", ha enfatizado Mar Vaquero.

En su opinión "es totalmente compatible que se quiera conjugar el interés del Estado por la unidad del sistema eléctrico y que se nos permita ejercer nuestras competencias, el desarrollo de la normativa básica y tener los mecanismos propios de la Comunidad para fomentar la competencia de nuestro sector energético". "Acudiremos a la bilateral para defender las competencias autonómicas", ha dicho.

El Gobierno de Aragón lo comunicará inmediatamente y se fijará una fecha para celebrar la reunión de esta comisión bilateral de negociación, que --ha precisado Vaquero-- no es el órgano de diálogo Comunidad Autónoma-Estado recogido en el Estatuto de Autonomía, sino una comisión 'ad hoc' "para tratar de superar las discrepancias" surgidas en torno a esta ley. Es una comisión de carácter técnico.

Ya en su día, ha abundado Vaquero, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se reunió con la ministra, entonces Teresa Ribera, manifestando ambas instituciones su "buena disposición" a dialogar: "Por encima de todo hay un interés estratégico", ha manifestado Vaquero, resaltando que "ha quedado claro que ambas instituciones van a tratar de llegar a un acuerdo, que es lo que más interesa a los aragoneses".

Mar Vaquero ha abogado por "compatibilizar el celo que puede tener el Estado en el marco de sus competencias y defender las competencias de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de la normativa básica" y darle "seguridad jurídica" a este ámbito legislativo.