Gobierno de Aragón y TSJA reclaman las once plazas judiciales previstas para la comunidad

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han escenificado este martes su unidad frente a la decisión del Gobierno de España de reducir de once a siete las nuevas plazas judiciales previstas para la comunidad, un recorte que ambas instituciones consideran carente de justificación objetiva.

Esta posición conjunta se ha puesto de manifiesto durante la reunión de la Comisión Mixta de Coordinación entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial.La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha subrayado el valor de esa imagen de unidad institucional. "Hoy queremos demostrar que esta no es la reivindicación de un Gobierno, sino de todo Aragón", ha afirmado, recordando que esta posición responde a "una realidad incuestionable: Aragón necesita esas plazas judiciales, que ya habían sido reconocidas durante el proceso de planificación".

"Lo único que reclamamos es un trato justo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España", ha señalado. En este sentido, ha solicitado al Ministerio una rectificación de una decisión que, a su juicio, "carece de cualquier justificación objetiva". "No pedimos un trato de favor ni más que nadie; reclamamos aquello que las necesidades reales de Aragón habían acreditado y que el propio proceso de planificación había reconocido", ha añadido.

Vaquero ha lamentado que "no puede ser que, tratándose de una cuestión tan importante como garantizar las plazas judiciales necesarias, se recorten cuatro de ellas sin ninguna explicación, sin transparencia y sin una valoración técnica u objetiva". Ha continuado diciendo que "no puede ser que en una materia tan sensible como la Justicia terminen imponiéndose criterios políticos".

La vicepresidenta ha calificado esta decisión como "un agravio más" del Gobierno de España hacia Aragón y se ha preguntado "qué tiene el Ejecutivo central contra nuestra comunidad". En este sentido, ha recordado que "no solo sufrimos perjuicios en materia de financiación autonómica, infraestructuras u oportunidades para el territorio, sino que ahora también los padecemos en un ámbito tan esencial como la Administración de Justicia".

QUEJA INSTITUCIONAL

Mar Vaquero ha recordado que el pasado martes el Gobierno de Aragón remitió una queja institucional al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que trasladaba el "profundo desacuerdo" del Ejecutivo autonómico con la reducción de las plazas judiciales asignadas a Aragón. Una comunicación que, según ha indicado, sigue sin obtener respuesta.

En esa carta se denunciaba el trato desigual dispensado a Aragón respecto a otras comunidades autónomas y se advertía de que "resulta difícil comprender que precisamente una comunidad que mantiene elevados niveles de eficiencia judicial y cuyos órganos jurisdiccionales soportan importantes cargas de trabajo sea la única que vea reducida de forma tan significativa la dotación inicialmente prevista".

La misiva calificaba además de "especialmente preocupante" que el texto definitivo del Real Decreto se apartara de "las necesidades técnicas previamente identificadas por el Consejo General del Poder Judicial y por los informes que sirvieron de base para la planificación inicial".

Asimismo, detallaba las principales consecuencias del recorte. Entre ellas, señalaba que la creación de una plaza para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza se compensa con la supresión de las dos previstas para la Sección Cuarta, de manera que "el desequilibrio de plantilla que justificaba esas incorporaciones no se resuelve, sino que simplemente se traslada a otra sección".

La carta denunciaba igualmente que se desatiende por completo el refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuya necesidad había sido calificada como "acuciante" en los informes técnicos. Del mismo modo, las plazas previstas para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza pasan de seis a tres, un recorte incluso superior al considerado asumible durante la planificación.

Por último, el Ejecutivo autonómico lamentaba que las cuatro plazas suprimidas respecto al compromiso inicial hayan sido destinadas al Tribunal Supremo, pese a que ese incremento no figuraba en el proyecto inicial ni respondía a las necesidades reflejadas en los informes técnicos. "Resulta incomprensible que sea Aragón quien soporte en exclusiva este recorte para financiar un incremento de plantilla no previsto inicialmente, en perjuicio de las necesidades reales de nuestra comunidad", concluía la carta.

IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2025

Durante la Comisión Mixta también se ha abordado la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley Orgánica 1/2025. Mar Vaquero ha reconocido "el enorme esfuerzo realizado por todos los profesionales que integran la Administración de Justicia" para hacer posible su puesta en marcha.

En el caso de Aragón, ha explicado que el Gobierno autonómico ha priorizado la cohesión territorial durante el proceso de implantación. "Hemos querido garantizar una estructura judicial suficiente para atender las necesidades de todos los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan", ha señalado. "La aplicación estricta de la ley habría obligado a suprimir algunos órganos judiciales, pero hemos decidido preservar nuestra estructura territorial porque entendemos que responde mejor a las necesidades de Aragón", ha añadido.

No obstante, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno de Aragón ha mantenido desde el principio una posición crítica respecto a esta norma, al considerar que "se ha aprobado sin diálogo con las comunidades autónomas, sin tener en cuenta sus singularidades y sin aportar los recursos necesarios para hacer frente a su implantación". A su juicio, ello ha obligado a las comunidades autónomas a asumir "un importante esfuerzo organizativo y económico para garantizar su correcta aplicación".