ZARAGOZA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha advertido este martes de que hubo "dejación de responsabilidades" en el caso de la residencia de Santa Fe, donde este fin de semana han fallecido 8 de sus 19 residentes debido a un incendio. En su opinión, estas instalaciones deberían haberse cerrado al no haberse subsanado una serie de deficiencias.
El Ejecutivo autonómico ha incoado un expediente de cierre de esta residencia de mayores, después de que ya existiera otro abierto al detectar deficiencias de acondicionamiento e higiénico-sanitarias en el centro.
En 2012 se había retirado el informe favorable de apertura de las instalaciones y en 2014 se había incoado un expediente sancionador por estas cuestiones leves, por 1.500 euros, de forma que ahora se había decidido impulsar el expediente de cierre.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Broto ha aclarado que este equipamiento no tenía plazas concertadas con la Comunidad y ha avanzado que se analizará la situación de todas las residencias para conocer su estado.
Broto ha recordado que el equipamiento abrió sus puertas en 1997 y, por las inspecciones que han realizado, "concluimos que esta residencia tenía una autorización provisional de apertura, que se había inspeccionado en 2006", donde se indicó que debían cumplir algunos requisitos.
Se realizó una nueva inspección en noviembre de ese mismo año y en 2012 "se le retira el informe favorable y se decide incoar un expediente sancionador porque no ha subsanado los errores que se planteaban desde el punto de vista de deficiencias del acondicionamiento y algunas otras deficiencias higiénico-sanitarias", si bien no entrañaban peligro para la seguridad de los usuarios.
"De toda esta situación se debería haber concluido el cierre de esta residencia", ha aseverado Broto, para señalar que "es lo que vamos a retomar en este momento", un expediente que conlleva un procedimiento largo "pero que se debería de haber hecho", ha aseverado, para concluir que en este caso "claramente ha habido una dejación de responsabilidades", pero "lo que más nos preocupa es gestionar bien este procedimiento".
"HABÍA QUE TOMAR MEDIDAS"
La consejera ha asegurado que "teníamos claro que había que tomar medidas" y ha aclarado que las que se van a comenzar a adoptar no son consecuencia de este incidente, sino que estaban previstas antes pero "qué desgracia que las medidas que pensábamos tomar de cualquier modo con esta residencia hayan tenido que tener este antecedente".
En todo caso, "no he venido a ajusticiar a nadie, he venido a poner todas las medidas posibles para que esta investigación se haga adecuadamente y a solucionar los temas", ha apuntado. "Mi responsabilidad es evitar que pasen estas cosas y analizar cómo están las residencias", ha recalcado.
Sobre las declaraciones del abogado de la empresa indicando que este centro era adjudicatario del acuerdo marco para disponer de plazas concertadas con la Comunidad, Broto ha precisado que "tenemos un informe en el que se dice que podía ser adjudicataria del acuerdo marco, que tendría la posibilidad de adjudicar hasta ocho plazas concertadas".
Sin embargo, el 25 de febrero de 2015 el Servicio de Planificación informa a la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de que no tenía informe favorable y que se tramitaba el procedimiento sancionador, por lo que se llegó a la conclusión de que no puede tener ningún contrato derivado, de forma que "no es cierto que tuviera ninguna plaza concertada".
DOS INGRESADOS
En el incendio fallecieron 8 de los 19 residentes y resultaron heridas doce personas, una de ellas una cuidadora, si bien todos ellos han sido dados de alta salvo dos, un varón que continua ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet y una mujer que está en la unidad de Psiquiatría del Clínico Universitario y que, al parecer, podría haber originado el fuego.
Broto ha rechazado hacer más declaraciones sobre esta mujer, al indicar que "vamos a ser prudentes" porque, en primer lugar, "está la protección de las personas desde el punto de vista médico y personal" y, además, ha recordado que esta cuestión está "en proceso de investigación".
Por otra parte, la consejera ha apostado por reformar el decreto de 1992 que regula la actividad de las residencias, tanto por el cambio en el perfil de los residentes, dado que ahora habitan en estas instalaciones más personas "no válidas", dependientes, como por el número de cuidadoras que debe hacerse cargo de los usuarios.
También se estudiarán los expedientes vinculados a estos equipamientos y las situación de las residencias de la Comunidad y, al respecto, ha recordado que el anterior Ejecutivo aragonés anunció un plan de inspección de residencias pero solo aportó datos de los centros públicos, por lo que "no se cumplió".
"VOY A INSPECCIONAR"
"Yo no voy a ir a anunciar planes, lo que voy a hacer es inspeccionar y seguir la tramitación de los expedientes que tenemos encima de la mesa, si es que hay alguno más, ahora con el Servicio de Planificación tenemos que ver cómo tenemos todos los expedientes de las residencias privadas".
No obstante, la consejera ha querido transmitir a los aragoneses que cuentan "con unas residencias que son muy adecuadas, que puede darse una circunstancia desgraciada como ésta, pero que las familias y los mayores tengan la seguridad de que cuentan con los servicios" y el Gobierno aragonés trabajará para que sean "incluso mejores".
Asimismo, ha destacado la colaboración que ha existido ante este suceso entre el Ejecutivo aragonés, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza y ha avanzado que mantendrán una reunión con el consistorio para abordar este caso.
En este punto, Broto ha estimado que a pesar de no disponer aún de su propio equipo en el Departamento esta situación se ha gestionado "razonablemente" bien.
Además, ha comentado que ha tenido que estar en contacto con la anterior responsable del IASS, Cristina Gavín, dado que "tenía que asumir sus responsabilidades", si bien ha dicho que a Gavín "afortunadamente le queda muy poco" en su cargo, dado que los nuevos directores generales se nombrarán el próximo martes.
Por último, tanto el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, como la consejera María Victoria Broto han transmitido su pésame a las familias y han remarcado que en estos primeros momentos se ha atendido "desde el punto de vista médico y psicológico" a los residentes. Siete de ellos han sido realojados en la residencia de Alfamén.
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