Aragón se opondrá a cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompa el principio de unidad de cuenca
ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza a los letrados de la dirección general de Servicios Jurídicos a interponer las acciones judiciales que resulten procedentes en defensa de los intereses de Aragón frente al Real Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 22 de septiembre.
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón y portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno los antecedentes de este acuerdo y ha señalado que se trata pedir la nulidad del plan "para preservar la unidad de cuenca". El plazo límite para presentar el recurso es el próximo 22 de noviembre.
El Gobierno de Aragón ha recordado que el Real Decreto que aprueba el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña --con fecha de 5 de septiembre de 2011 y publicado en el BOE el día 22-- lo hace con el mismo contenido con que lo aprobó la Generalitat de Cataluña, cuyo decreto de aprobación ya fue recurrido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por eso, el Ejecutivo entiende que se mantienen los mismos motivos sustanciales de ilegalidad. El objetivo del recurso será pedir la nulidad del Real Decreto y, hasta que se dicte sentencia, su suspensión cautelar.
En los recursos presentados anteriormente por el Gobierno de Aragón se advertía de la extralimitación competencial de la Generalitat de Cataluña en la delimitación del ámbito de aplicación y contenido del Plan de Gestión de las Cuencas Internas de Cataluña y de su programa de medidas ya que incorporan a las cuencas catalanas recursos hídricos de la Cuenca del Ebro o compartidos por esta con las cuencas catalanas.
El Consejo de Gobierno también ha tomado el acuerdo de manifestar que el Gobierno de Aragón, en lo sucesivo, se dirigirá al Gobierno de la nación para mostrar su oposición ante cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompa el principio de unidad de cuenca, "defendiendo siempre el respeto a dicho principio en la planificación concertada entre el Estado y las Comunidades autónomas, así como el traspaso de las competencias ejecutivas a éstas últimas".
ANTECEDENTES
La Agencia Catalana del Agua (ACA) tramitó en su momento el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de la Generalitat de Cataluña de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña.
En el trámite de este procedimiento, se abrió un periodo de información pública, en el que se presentaron alegaciones por parte del Instituto Aragonés del Agua, que fueron desestimadas por la ACA en fecha 10 de septiembre de 2010.
Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2010, quedó aprobado el Decreto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y se daba el visto bueno al Programa de Medidas del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, que forma parte integrante, además, del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña.
Contra ambos instrumentos de aprobación, el Gobierno de Aragón interpuso sendos recursos contencioso-administrativos en enero de 2011. El pasado 5 de septiembre, como ya se ha dicho, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se aprobó el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 22 de septiembre de 2011.
MANDATO DE LAS CORTES
El Gobierno de Aragón ha precisado que con el acuerdo del Consejo de Gobierno se cumple el mandato de las Cortes aragonesas del pasado 29 de septiembre, en donde, en una proposición no de ley se insta al Ejecutivo autonómico a analizar la aprobación del Real Decreto con el objeto de presentar el correspondiente recurso en el caso de que mantuvieran las "extralimitaciones" que presentaba el documento aprobado por la Generalitat de Cataluña y que ya fue recurrido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La misma proposición no de ley acordó instar al Gobierno de Aragón a que se dirigiese al Gobierno de la nación para mostrar su oposición ante cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompiese el principio de unidad de cuenca, apostando por este principio en la planificación concertada entre el Estado y las Comunidades autónomas, y el traspaso de las competencias ejecutivas a éstas últimas.
