FRAGA (HUESCA), 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de la localidad altoaragonesa de Fraga, que instruye el caso de los presuntos vertidos de la empresa CAZSA, ubicada en la localidad de Zaidín, aclaró hoy que "en ningún momento" ha impedido que se retiraran los vertidos que constituyen una de las pruebas del delito y que contaminaron el medio ambiente de la zona, informa en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). El juez, en ningún momento, ha dictado el secreto de sumario de las actuaciones, señalan.
En su nota oficial, el TSJA indica que el 7 agosto de 2006 el juzgado dictó un auto acordando la entrada y registro en la empresa CAZSA, y el precinto de las tuberías emisoras del vertido. El auto ordenaba también la adopción de "cuantas medidas puedan impedir la continuación de ilícito e incluso el vaciado y sellado de las mismas".
Al día siguiente, 8 de agosto, el juzgado solicitó del Servicio Provincial de Sanidad Animal y Agricultura en Huesca del Gobierno de Aragón, entre otras cuestiones "la afección y riesgo, para la salud humana, que tuvieran las sustancias y, en tal caso, la necesidad y urgencia de proceder a su retirada".
El día 9, el juzgado solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro que, entre otras cuestiones, "de modo urgente", remitieran un informe sobre si, "a la vista del volumen del vertido, ya por el estado en que se encuentra, ya por eventuales movimientos o desplazamientos provocados de modo natural o artificial, existe riesgo para la salud humana y los recursos medioambientales".
El 23 de agosto, la CHE remitió un informe al juzgado en cuyas conclusiones expresó que "constituye una afección a los recursos medioambientales y un riesgo para la salud de los que se acerquen a la zona, afección a la calida del agua" y por ello considera necesaria la evacuación de los fangos por un gestor autorizado y al saneamiento de la zona contaminada, siguiendo las pautas que le fije el órgano competente en materia de residuos de la Diputación de Aragón.
El 7 de septiembre, el juzgado, en respuesta a un escrito remitido desde la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, dicta una resolución ordenando a la empresa CAZSA "la inmediata retirada de los vertidos, en un plazo improrrogable de 15 días, procediendo a vallar la zona, a la evacuación de los fangos y al saneamiento de toda la zona contaminada, siguiendo para ello las pautas de limpieza que previamente le indique la Confederación Hidrográfica del Ebro. El auto requiere además a la CHE para que informe a CAZSA de las pautas pertinentes de limpieza a emprender.
La nota del TSJA continúa afirmando que un día después, el 8 de septiembre, la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón remite al juzgado un escrito en el que indica que "esta Dirección no ejerce competencias que le permitan determinar la existencia de daños causados a los recursos naturales y medioambientales derivados del vertido y depósito de tales sustancias en el lugar de los hechos, por lo que no procede pronunciarse al respecto".
El 27 de noviembre, ante la demora en las medidas acordadas por el juzgado de Fraga, el juez dicta una providencia interesándose sobre como han afectado a los suelos los vertidos. El juzgado sigue a la espera de la remisión de los mencionados informes.
El día 20 de diciembre, el juzgado dictó una providencia por la que solicitaba a la CHE "dictamen o informe sobre el estado del procedimiento, expediente o cuestión relativa a la retirada de los vertidos acordada el 7 de septiembre de 2006 y/o las medidas adoptadas en relación a lo requerido en la mencionada providencia".
El día 21, el juzgado ante la gravedad de los informes remitidos por el Instituto Nacional de Toxicología reitera a la CHE y a Dirección General de Calidad Ambiental y la Dirección General del Medio Natural lo acordado con fecha 7 de septiembre de 2006, afirma la nota oficial del TSJA. El 8 de enero 2007, el juzgado sigue a la espera de una respuesta por parte de ambas Direcciones Generales a la providencia cursada el día 21 de diciembre de 2006.
