TERUEL, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel anula un traslado de una funcionaria del Ayuntamiento de Teruel y reconoce su derecho a recuperar su destino.
Esta sentencia, emitida el mismo día del pleno en el que se pidió la reprobación de la alcaldesa Lucía Gómez, y del concejal de Régimen Interior, Gaspar Lozano por su política de personal, resuelve el primer traslado polémico en el consistorio turolense.
Dice que el traslado de la técnica de administración general de la Función Pública a la Unidad de Sanciones es ilegal por no haber un motivación de necesidades de servicio o razones de interés público en el decreto de Alcaldía. Además la sentencia argumenta que la decisión del cambio se justifica por la mera oportunidad o la conveniencia personal.
El PP ya ha anunciado que pedirá responsabilidades. Emma Buj, portavoz en el Ayuntamiento, afirmó que la sentencia quiere decir que "trasladar a una persona a dedo como se ha hecho es totalmente ilegal, la alcaldesa está facultada para reorganizar los departamentos pero no a trasladar a fulanito por menganito porque este me cae mejor, eso es lo que se está pasando en estos momentos en el Ayuntamiento de Teruel, y lo que la sentencia dice es que absolutamente ilegal, por lo que pediremos responsabilidades".
El PP insistía, tras conocer esta sentencia, que "los cambios de puestos de trabajo que se están produciendo en el Ayuntamiento de Teruel son ilegales, sin justificación y de forma arbitraria", y sospechan que "se puede deber a simpatías personales o a vinculaciones con el PSOE, tenemos dudas más que razonables", apostilló Buj, quien recordó que la funcionaria trasladada era técnico de administración general de la Función Pública desde el año 1984, "con un expediente intachable".
CHA todavía no se ha pronunciado, a la espera de que su concejal Pepe Navarro analice la sentencia. Y desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel no ha habido declaraciones. Han explicado que van a estudiar con detenimiento la sentencia para ver que se determina y que se seguirá trabajando por los intereses de la ciudad para que los cambios de puesto de trabajo sean para lograr una mejor gestión.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel no es firme y puede ser recurrida en 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
