Sugiere al Ayuntamiento que adecue el planeamiento a la realidad de los hechos y que sea más transparente en los proyectos futuros
ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha hecho pública una sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza en la que se cuestiona la tramitación administrativa de las obras del tranvía ya inauguradas, en los tramos de Gran Vía y Fernando El Católico, así como del carril bici que discurre de forma paralela.
En opinión del Justicia, una obra de semejante repercusión, tanto en la ciudadanía como en el planeamiento urbanístico y la movilidad de la ciudad, con afecciones de carácter irreversible, debería haberse concretado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza mediante una modificación de dicho documento, o como mínimo, a través de un Plan Especial, previo al Proyecto de Urbanización, tal y como aconseja la normativa urbanística de Aragón.
Sostiene la institución que las referencias al tranvía y a la bicicleta que hace el PGOU y que, en opinión del Ayuntamiento, amparan la ejecución directa de las obras únicamente mediante un Proyecto de Urbanización, son insuficientes y carecen de la precisión necesaria en una obra con importantes afecciones en general, y a los espacios libres y zonas verdes, en particular.
En este sentido, el Justiciazgo tampoco comparte que el carril bici que circula adjunto al tranvía en Gran Vía y el Paseo de Fernando El Católico se considere zona verde y, como tal, se pueda incluir sin más tramitación en el sistema general de espacios libres y zonas verdes, reduciendo así el espacio de disfrute.
García Vicente insiste que la realización de un Plan Especial hubiera permitido incrementar la participación ciudadana, examinar diversas alternativas, calcular con mayor precisión costes y afecciones con el fin de buscar el mayor consenso posible entre ciudadanos y afectados por las obras. En este sentido, El Justicia ha lamentado que se haya antepuesto la celeridad, a la seguridad, la participación y la búsqueda del consenso.
Por todo ello, ha recomendado al Consistorio zaragozano que las futuras actuaciones urbanísticas como la referida, con importantes afecciones para la ciudad y sus habitantes, se aborden mediante un instrumento de modificación del planeamiento general o de planeamiento especial de desarrollo que favorezcan la reflexión y la participación ciudadana.
Por otro lado, y dado que la obra a la que se refiere la sugerencia ya está terminada, Fernando García Vicente, ha pedido al Ayuntamiento que promueva una modificación aislada del Plan General para recoger la realidad de las nuevas dimensiones del Sistema General de Espacios Libres y Zona Verde sobre el que se ha ejecutado el carril bici lo que, en la práctica, ha traído como consecuencia la preferencia de la bicicleta sobre el peatón con la única excepción de los pasos de cebra y a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a las obras.
Por ello, García Vicente ha sugerido que se regulen mejor la utilización y preferencias de usos para hacer compatible el uso de la bicicleta, cuyas ventajas no se cuestionan, con los derechos de los peatones.
Asimismo, ha considerado que la zona verde resultante de las obras es de menor calidad medioambiental porque, además de la introducción del carril bici que deteriora la preferencia de los peatones, se han cortado o talado de forma deficiente, con evidente riesgo para su supervivencia, más de 40 árboles de gran porte y muchos metros de seto de valor apreciable, sustituyéndolos, en algunos casos, por otros que no han arraigado. También es llamativo que, junto al carril bici, también se considere zona verde el lugar concreto donde se sitúa una gasolinera.
La sugerencia del Justicia responde a la queja de un ciudadano en la que se denunciaba el incumplimiento de la normativa urbanística a propósito de la implantación del carril-bici correspondiente a la primera fase del tranvía.
MINIMIZAR LOS DAÑOS DURANTE LAS OBRAS
El Justicia de Aragón ha hecho un llamamiento para que en la ejecución de las obras se haga todo lo posible para minimizar los daños a las personas y a los establecimientos próximos para evitar posibles reclamaciones por indemnización de daños y perjuicios.
El Justicia ha recordado que la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia --de fecha 23 de marzo de 2009, sala de lo Contencioso-Administrativo-- sobre indemnización por afecciones por obra o responsabilidad patrimonial en un establecimiento hotelero de Madrid ha venido a establecer que no sólo hay que indemnizar por daños cuando se cierra completamente el paso a un establecimiento, sino también "cuando afecta de forma muy directa y singularmente a la actividad desenvuelta" en el edificio.
