TERUEL 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La supresión de barreras arquitectónicas es un elemento fundamental para los discapacitados tengan mejor calidad de vida, y no estén aislados. Así lo ha afirmado el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, quien enviará un informe sobre la situación de los discapacitados en Teruel al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de la capital para lograr una verdadera accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Este informe es fruto de las conversaciones mantenidas en julio de 2004 con 'Frater', la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de Teruel. Tras escuchar las quejas de esta asociación, el Justicia ha elaborado un listado con 13 medidas a aplicar.
Las medidas solicitan la elaboración de una ordenanza municipal para promover la accesibilidad; la aprobación de un programa de actuación de prioridades para eliminar barreras; la realización de un inventario con los edificios que tienen que se adaptados y que se incluyan estos tres puntos en la revisión del PGOU.
Además el informe solicita que se establezca un servicio municipal de atención especializada de las demandas colectivas; que los pasos de peatones, aceras y calles estén sin obstáculos; que haya teléfonos públicos accesibles, algo que no ocurre por ejemplo en el barrio de la Fuenfresca; que se revise la adaptación de hoteles, cines y teatros; que se promueva la existencia de un taxi o un vehículo adaptado; que se instalen semáforos acústicos y prever la adecuada dotación de servicios de ayuda a domicilio.
El Justicia de Aragón, insistió en que en Teruel "se están haciendo actuaciones pero todavía queda camino por hacer, algunas actuaciones son muy fáciles como lo de los taxis, los pasos de peatones, y los teléfonos, es una cuestión de querer, otras son más complicadas, cuestan más dinero".
El Justicia recalcó que tras la apertura de este expediente, el Ayuntamiento de Teruel ha empezado a actuar como nunca, "se ha visto que se iniciaba un camino que nosotros queremos impulsar, nuestro papel no es echar la culpa a nadie, sino mejorar la calidad de vida".
García Vicente insistió en que hay que en Aragón hay que reservar un tres por ciento de las viviendas que se construyen con ayudas públicas y que existe un Consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras, que deber reunirse cuatro veces al año y sólo lo ha hecho en tres ocasiones desde 1997, año en que se aprobó la ley que daba un plazo de 10 años para la eliminación de barreras.
Por otro lado, el Justicia de Aragón se refirió a la petición que formuló a finales de 2005, sobre la necesidad de una guardería infantil pública en Teruel capital. Tras la llamada de atención al Ayuntamiento, Fernando García Vicente, agradecía que haya habido respuesta. "Se generó un movimiento ciudadano, y ha habido una respuesta del Ayuntamiento de que se va a construir, y por lo tanto habrá ayudas y becas para los niños que necesiten esta guardería", apostilló.