ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Departamento de Educación de la Comunidad autónoma que evalué si las dimensiones y el número de los elementos de evacuación del colegio Miguel de Cervantes de Pedrola (Zaragoza) y los edificios anexos que ocupa son suficientes y, si es necesario, adopte medidas para reducir el riesgo de que sus usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, según dicta la legislación vigente.
Asimismo, le ha pedido al Gobierno de Aragón que se realicen las actuaciones necesarias para garantizar que el citado centro dispone de las preceptivas condiciones de accesibilidad.
García Vicente se ha pronunciado así tras recibir una queja de un grupo de alumnos, que exponía las deficiencias del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Pedrola, entre ellas, el "mal funcionamiento" de la calefacción, las "insuficientes" dimensiones del patio de recreo, la "carencia de servicios sanitarios" en las clases de los más pequeños y la "inadecuación del espacio destinado a aulas de tercero de Primaria, que antes eran un bar.
La queja también indica que no hay salida de emergencia y que existen "múltiples barreras arquitectónicas en el centro, insalvables para cualquier persona con movilidad reducida".
El Gobierno de Aragón ha respondido al requerimiento de información del Justicia afirmando que es "consciente" de las "deficiencias" de este colegio y la construcción de uno nuevo es una prioridad en el Plan de Infraestructuras 2015, cuyo contrato de obras está previsto licitar para que el centro entre parcialmente en funcionamiento en el curso 2016-2017.
Además, el Ejecutivo señalaba que en las instalaciones actuales se habían realizado las actuaciones "mínimas e imprescindibles" para garantizar una adecuada prestación del servicio público educativo, que han consistido en acondicionar el acceso principal del edificio, eliminando del recinto cerrado los peldaños y sustituyéndolos por una rampa con las dimensiones y pendiente adecuadas para la evacuación de forma rápida y ordenada en caso de ser necesaria.
IMPERATIVO LEGAL
El Justicia de Aragón ha precisado que, por un lado, el Gobierno ha reconocido que las necesidades educativas "no se están satisfaciendo adecuadamente" en el municipio y, por otro, que "existen determinadas deficiencias sobre las que, por imperativo legal, es preciso actuar sin demora en el edificio que ocupa actualmente el centro, especialmente las que suponen un incumplimiento de normas de seguridad en caso de incendio o de barreras arquitectónicas".
No obstante, García Vicente ha añadido que "no disponemos de suficiente información para contrastar si, tal como se expone en la queja, el edificio y anexos que actualmente ocupa el colegio incumplen las exigencias del Documento Básico de Seguridad".
Por eso, "sería preciso que los técnicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte revisaran las instalaciones y, en caso de detectar deficiencias en ese aspecto, se procediera a efectuar sin demora las obras pertinentes para dar cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación legalmente establecidos y garantizar la seguridad de quienes ocupan el edificio".
Además, ha apuntado que la normativa tanto estatal como autonómica "es reiterativa en cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas" y por eso "se han de priorizar las actuaciones que sean preceptivas".
