Mayte Pérez y los alcaldes de Ejea, Tarazona y La Almunia piden mantener Viogén en los juzgados locales

ZARAGOZA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y los alcaldes de Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona se han reunido este martes en el Edificio Pignatelli para rechazar el traslado de la jurisdicción de violencia de género de los juzgados de estos municipios a los especializados de la ciudad de Zaragoza, como ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pérez ha señalado que esta medida supondría que las denunciantes y sus familias tendrían que desplazarse hasta la capital para la instrucción de los procedimientos, lo que conllevaría la "revictimización" y, además, sería contrario a la lucha contra la despoblación.

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha manifestado el "profundo rechazo" a esta medida, "un jarro de agua fría", y ha defendido la "reivindicación justa y necesaria" de que esta jurisdicción continúe en los juzgados de estos tres partidos judiciales.

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, ha considerado que esta medida es "un sinsentido", recalcando que contribuye a la despoblación, y ha expresado su "preocupación" por la supresión de otros servicios públicos.

La alcaldesa de La Almunia de Doña Godina, Marta Gracia, ha opinado que esta medida es "un error de base del CGPJ" y ha dejado claro que el poder judicial presta un "servicio de cercanía" junto con la Guardia Civil y las Policías Locales. "Es un sinsentido absoluto", ha aseverado.

A TIEMPO

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón remitió días atrás al Ministerio de Justicia el informe --preceptivo pero no vinculante-- en el que justifica su rechazo a la propuesta del CGPJ de cara a tomar una decisión final.

"Estamos a tiempo, el sentido común y la razón nos asisten", ha explicado Mayte Pérez, para quien "eliminar el acceso a los servicios públicos en el territorio es una pésima noticia que va en contra de la lucha contra la despoblación, y más en un asunto tan sensible" como la violencia machista.

La propuesta "va en contra también de los convenios de VioGen", con los que se pretende "buscar los recursos en el territorio para facilitar que estas mujeres tengan facilidades para denunciar".

Los asuntos generales de violencia sobre la mujer gestionados por los partidos judiciales de Ejea, La Almunia y Tarazona en 2021 alcanzaron los 227 en total, de los que 187 se referían a delitos.

"Los datos pueden parecer pocos, pero en las comarcas afectadas son muy significativos. Tener que victimizar doblemente a las mujeres es una medida disuasoria. Debemos recordar que facilitar el acceso ayuda a sacar la angustia que sufren, y esta decisión va en la línea contraria", ha añadido.

INFORME

El informe de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón recuerda que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye entre sus medidas promover recursos de apoyo en el ámbito local para evitar el riesgo de victimización secundaria y para la confianza de las víctimas en las instituciones, por un lado, y mantener la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia a dos o más partidos judiciales solo si repercute en una mejora cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta. Ninguna de estas dos indicaciones se cumple con la propuesta del CGPJ.

A esto se une la particularidad geográfica de la Comunidad Autónoma de Aragón, con una gran dispersión territorial, lo que hace especialmente importante la necesidad de promover estos recursos de apoyo en el ámbito local.

El propio proyecto de Ley de Dinamización Rural en Aragón, recientemente aprobado, incluye entre en unos de sus puntos, en relación con la coordinación interinstitucional en materia de lucha contra la violencia de género, la obligación de promover de los derechos de las mujeres que viven en el medio rural.

De llevarse a cabo la medida que se propone, las víctimas de violencia verían disminuida de una forma inaceptable la calidad de la atención que se les presta y se propiciaría su revictimización, al obligárseles para las diligencias judiciales a desplazarse en algunos casos más de una hora adicional respecto a su situación actual.