Octavio López tilda de "ataque a la Constitución" que se ceda a Cataluña la gestión de los funcionarios locales

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, considera que el acuerdo del PSOE y Junts para traspasar de nuevo a Cataluña la gestión de los secretarios e interventores locales es "una patada a la legalidad y a la igualdad" y un "ataque a la Constitución" por ir contra lo dispuesto en el artículo 149.1.

"Si hay un cuerpo de funcionarios con capacidad de cohesionar el territorio y con plena vocación de ayudar a los municipios a través de su labor de tutela y asesoramiento son los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos de habilitación nacional, cuya selección y provisión de puestos solo puede corresponder al Estado, por lo que cualquier intento de ceder esas competencias por interés político personal es un ataque a la Constitución Española y a la igualdad", ha defendido.

López se ha reunido este jueves con los representantes de COSITAL Aragón, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

El encuentro entre el consejero del Gobierno de Aragón sobre el que recaen las competencias de Administración Local y los representantes de COSITAL Aragón se produce en un momento crucial tras el acuerdo entre el PSOE y Junts durante la tramitación de la Ley de Función Pública del Estado para que Cataluña asuma la gestión integral de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

Con esta reunión, el Gobierno de Aragón ha querido mostrar su apoyo a este colectivo que se siente amenazado por la transferencia de estas competencias al País Vasco y a Cataluña en base unos acuerdos que califica de "nefastos", ya que "la competencia para su selección y la provisión de los puestos tiene que ser exclusivamente estatal a través de un proceso que planifique la total cobertura de las vacantes necesarias, con un temario único, mismo examen e idénticas pruebas en cada convocatoria", ha señalado Luis Martínez Solano, presidente de COSITAL Aragón.

Para el Gobierno de Aragón, los acuerdos que está alcanzando el Gobierno central con sus socios nacionalistas se deben "al precio político que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar para mantenerse en el poder a costa de continuar quebrando el principio de igualdad entre españoles", según ha expuesto Octavio López, quien ha recordado que el artículo 149 de la Carta Magna recoge las competencias exclusivas del Estado, entre ellas las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, según reza el texto, "garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas".

Tanto el Ejecutivo autonómico como COSITAL Aragón coinciden en señalar que los acuerdos del Gobierno central con PNV y Junts quiebran la igualdad de los funcionarios públicos, puesto que afectan al derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos.

El secretario general del Ayuntamiento de Utebo y presidente del Colegio de Secretarios e Interventores de la Administración Local de la Provincia de Zaragoza y Aragón, Luis Martínez Solano, ha defendido que "solamente la existencia de unos procesos selectivos convocados por el Estado y con una regularidad constante va a permitir tener un buen cuerpo de opositores y reclutar así gente preparada y capacitada para la profesión".

"La gente hace oposiciones, por cierto, oposiciones duras, yo algo sé de ello --ha compartido--, y acabas viendo que no puedes ir a prestar tus servicios a Cataluña ni al País Vasco, ni a Galicia, ni a Baleares ni a la Comunidad Valenciana", ha lamentado Octavio López.

Unos "condicionantes sobre los idiomas" que, según ha criticado el consejero, "hacen alterar los conocimientos básicos de las personas que compiten y distorsionan la configuración final".

Ello supone, según ha puesto de manifiesto, que "pueden venir personas de esas comunidades a trabajar a Aragón, y no pueden ir ciudadanos aragoneses que han aprobado su oposición nacional a trabajar a determinadas comunidades".

Martínez Solano también ha reclamado que se revierta esa decisión para garantizar la igualdad y el correcto desempeño de estos funcionarios: "La provisión de dichos puestos debe ser llevada a cabo por el Estado para que no haya ningún tipo de discriminación ni de diferencias por razón de nacimiento o residencia. Todos somos iguales, todos somos funcionarios y debemos tener siempre los mismos derechos".

Derechos, "pero también obligaciones", ha advertido. En ese sentido, Martínez Solano ha reiterado la necesaria dependencia del Estado "y no de las comunidades autónomas porque, cuanto más lejos esté aquel órgano al que nosotros fiscalizamos y controlamos, menos injerencias vamos a sufrir y más seguros vamos a estar de que se proceda al cumplimiento correcto de la legalidad y que no se van a dar ningún tipo de práctica corrupta".

Por esa razón, han pedido un cambio de rumbo en la tramitación de la Ley de Función Pública que dé preeminencia al espíritu de igualdad que preconiza la Constitución Española.