LA MUELA (ZARAGOZA), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno extraordinario y urgente que el Ayuntamiento de La Muela tenía que celebrar hoy se ha convertido finalmente en una reunión a puerta cerrada, después de que la alcaldesa en funciones, Ana Cristina Mateo, haya expulsado del salón de plenos a los medios de comunicación y vecinos allí congregados, decisión que ha provocado que los concejales de la oposición, PP y PSOE, abandonaran también la sala.
Según subrayó la portavoz del grupo Popular, Marisol Aured, en declaraciones a Europa Press, cuando los concejales ya "estábamos sentados en la mesa del salón de plenos y la alcaldesa accidental ha visto la sala invadida por la prensa y los vecinos, de malas formas ha empezado a gritar que se marcharan todos", motivo por el que "nosotros también nos hemos levantado y nos hemos marchado".
En su opinión, la solicitud de convocatoria "estaba escrita de forma ambigua y se prestaba a error", explicó Aured, refiriéndose a la posibilidad de que la alcaldesa en funciones no quisiera convocar un pleno extraordinario sino una Junta General de la sociedad urbanística, algo que "aún no se sabe".
En cualquier caso, la concejal popular criticó que se haya expulsado a los vecinos y a la prensa, porque "queremos que haya transparencia y que los vecinos se enteren" de la gestión que su Ayuntamiento hace de las distintas áreas.
En esta ocasión, se trataba de abordar diversos temas relacionados con la sociedad urbanística de la localidad y "no sé que habrán decidido", porque hoy no ha trascendido lo abordado en la reunión, en la que sólo han participado los concejales del PAR, "y no se si nos comentarán algo o no", aunque "pediremos explicaciones" de todo lo tratado, advirtió.
Uno de los puntos del orden del día de esta sesión proponía otorgar más poder de acción a los miembros de la sociedad urbanística municipal, entre los que está la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, en prisión preventiva sin fianza por su imputación en la 'Operación Molinos', que investiga una presunta trama de corrupción en este municipio zaragozano.
A este respecto, Aured aseguró que "no apruebo que se les de más poder del que tenían", en primer lugar "porque eso incluiría tener que modificar los estatutos de la sociedad" y "no entiendo como quieren dar más poder a dos personas que están en la cárcel, como presuntos autores de varios delitos, pero en la cárcel", remarcó, también en referencia al concejal Juan Carlos Rodrigo.
Asimismo, la concejal del PP criticó que a esta reunión haya asistido la primera teniente de alcalde y anterior alcaldesa en funciones, Miriam Fajardo, "a pesar de estar de baja por maternidad", por lo que recordó que "si está de baja ni puede asistir a estas reuniones ni puede tomar decisiones".
La decisión de Ana Cristina Mateo de desalojar el salón de plenos ha generado "un revuelo" entre los presentes, dado que, además, la alcaldesa accidental "ha llamado a la Guardia Civil" y hasta el Consistorio se han desplazado "un montón de agentes" de la Benemérita.
Ante esta situación, "el sentir general de los vecinos es pedir la dimisión del equipo de Gobierno del PAR, porque primero está el interés por el pueblo y por saber cómo están las cosas". En este sentido, "si el pueblo toma alguna iniciativa", el PP se sumaría a la misma.
'OPERACIÓN MOLINOS'
La 'Operación Molinos', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en La Muela e instruye el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, se inició el pasado 18 de marzo, con la detención, entre otros, de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla; su marido, Juan Antonio Embarba; uno de sus hijos; el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela; el presidente de la promotora urbanística Aranade, Julián de Miguel; y el empresario Carlos Fernández.
También está imputado el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, quien declaró ante la Policía Nacional y el juez de La Almunia, siempre en situación de libertad.
Así, todos los imputados en esta trama, un total de 26, permanecen en libertad provisional, excepto la alcaldesa María Victoria Pinilla, el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y el empresario Carlos Fernández, en prisión preventiva sin fianza. Además, ante las peticiones de sus abogados, el juez ha decidido que continúen en la cárcel al entender que existe riesgo de fuga o que pueden destruir documentos y pruebas.
La detención de Pinilla, que ocupa el cargo de alcaldesa desde hace 22 años, primero bajo las siglas de UCD y, posteriormente, como militante del PAR (partido que ha expulsado a Pinilla y a su marido, Juan Antonio Embarba), inició una línea de sucesión en el Consistorio, de forma que la primera teniente de alcalde, Miriam Fajardo, pasó a ser la alcaldesa accidental.
Sin embargo, Fajardo se encuentra de baja por maternidad desde el sábado 11 de abril, día en que dió a luz a su hijo, y desde entonces es la segunda teniente de alcalde, la concejal de Cultura Ana Cristina Mateo, quien asume las funciones de alcaldesa accidental del municipio de La Muela, una localidad que ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento debido a las operaciones urbanísticas, a su polígono industrial y a su parque eólico.
PRIMER CARGO POLÍTICO CESADO
Por otra parte, desde que el pasado 8 de abril el juez Alfredo Lajusticia levantara el secreto de sumario del caso, que alcanza los 12.000 folios y que ha sido entregado en formato digital a las defensas, se han conocido numerosas conversaciones entre Pinilla y algunos de los implicados en la trama con otros responsables políticos.
De hecho, debido a las conversaciones mantenidas entre el primo de la alcaldesa, Carmelo Aured, también implicado en la trama, y el ahora ex teniente de alcalde de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, el alcalde de la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch, decidió suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo a Becerril, mientras dure la instrucción judicial de la 'Operación Molinos'. Así, Becerril se ha convertido en el primer cargo político cesado en relación a esta investigación judicial.
