Podemos pide al Gobierno estudiar la revocación del contrato del centro de menores COA

   ZARAGOZA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, Amparo Bella, ha reclamado al Gobierno autonómico que estudie la revocación del expediente de contratación del Centro de Observación y Acogida de Menores (COA) ante las "dudas sobre las condiciones de igualdad, transparencia y concurrencia competitiva" en el mismo y por haber sido adjudicado "por un importe menor" y en algunas cláusulas "con disminución de las condiciones de atención del servicio".

   Bella ha comparecido en rueda de prensa junto a dos trabajadores del colectivo 'Educadores en lucha', Javier Ichaso y Elena López, educadores de este centro, y ha anunciado que han formulado una petición de información al Gobierno de Aragón a través de las Cortes para conocer de forma "completa" de este expediente.

   El objetivo es comprobar si existe un empeoramiento de las condiciones de prestación y calidad del servicio de atención a estos menores, tras la adjudicación del mismo por 2.441.445 euros a la empresa INTREES, que se hará cargo del COA a partir del próximo mes de septiembre.

   De ese dinero, 348.777,99 euros son para 2015 y 1.046.334 euros para 2016 y otros tantos para 2017. Al respecto, Javier Ichaso y Elena López han advertido de que según la memoria de la entidad que ahora gestiona este servicio, la FAIM (Fundación para la Atención Integral del Menor), los gastos de personal anuales son de 1,04 millones de euros, por lo que "solo quedan 6.000 euros para gastos".

   Elena López ha precisado que el servicio debe asumir costes como el abono de los desplazamientos, farmacia, ropa, ocio y material escolar para los entre 200 y 300 menores que pasan por el centro a lo largo del año por lo que "no salen las cuentas". En este sentido, ha recordado que según el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) los gastos básicos del COA son de 28.000 euros anuales.

EN HUELGA

   Javier Ichaso ha subrayado que la plantilla, que está en huelga desde el pasado mes de noviembre, "está dispuesta a seguir así cuatro años más". Según ha detallado, los 26 trabajadores actuales de que dispone el servicio son la plantilla mínima y por eso el cien por cien está en huelga, aunque todos trabajan para cubrir los servicios mínimos. Si se mantienen en huelga, ha comentado, se aseguran que no se perderá empleo con la nueva empresa.

   En este punto, Elena López ha comentado que el contrato contempla la subrogación del cien por cien de la plantilla, pero hasta el momento ni desde la FAIM, ni desde IMTREES se han puesto en contacto con ellos.

   Los trabajadores han remarcado que lo prioritario son los menores y su adecuada atención y para eso se necesita un número de personal suficiente, para sostener López que la legislación recoge que "los derechos fundamentales no pueden verse afectados por la falta de recursos" y ha rechazado la "dejación de las responsabilidades" del Gobierno de Aragón, que "no está cumplimiento con el Plan de infancia y adolescencia".

   La diputada de Podemos ha incidido en que "la Administración tiene una responsabilidad que cumplir" de atención a estas personas y ha asegurado que la legislación ampara la posibilidad de revocar el contrato.

PROCEDIMIENTO

   La parlamentaria ha explicado que la tramitación de este contrato fue iniciada por el anterior Ejecutivo en marzo de este año y después de las elecciones autonómicas de mayo se aceleró mediante un "procedimiento negociado y sin publicidad", sobre el que ha expresado sus "dudas" de que atienda a las condiciones de igualdad, transparencia y concurrencia competitiva que deben regir en la Administración pública.

   En este punto, Amparo Bella ha manifestado que "nos sorprende" que el Gobierno actual del PSOE haya firmado un expediente tramitado por el Ejecutivo anterior, del PP, que "dejaron encima de la mesa como una manzana podrida para que el nuevo gobierno tragara o dirigiera este contrato".

   Además, "no entendemos" como la actual consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, "ha incumplido los compromisos que formuló cuando era portavoz del PSOE en la oposición" en esta materia, momento en el que "apoyó a los trabajadores" y reclamó "el mantenimiento de las condiciones sociales en la contratación pública".

   Bella ha remarcado que en Podemos "no hemos venido a las instituciones para hacer que los procedimientos administrativos se sigan sustentando en la opacidad anterior, queremos transparencia absoluta".

   La diputada de Podemos también ha indicado que, junto a la petición del estudio de revocación, han solicitado mediante una proposición no de ley presentada en el Parlamento, que el Gobierno de Aragón inicie un proceso de negociación del conflicto laboral que existe en el COA para lograr "estabilidad, mejora y calidad" en la atención a los menores en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.

   A su entender, el Ejecutivo "tiene que intervenir de manera seria y valiente" en un "conflicto que lleva diez meses" por unas condiciones que van "en detrimento de la calidad en el servicio".

ALEGACIONES ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATOS

   Los trabajadores del COA han precisado que han solicitado en varias ocasiones que se les facilite el acceso al expediente y han anunciado que este viernes van a presentar alegaciones ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón para advertir de varias "irregularidades" en el procedimiento de adjudicación de este servicio.

   Igualmente, han reclamado al PSOE que "nos escuche" y "cumpla con sus compromisos" porque consideran que hasta ahora les "ha mentido". Javier Ichaso ha relatado que el pasado 5 de agosto se reunieron con el gerente del IASS, Joaquín Santos, una reunión que ellos no habían pedido, sino que la habían solicitado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, que no les ha contestado, ha lamentado.

   Ha añadido que le expusieron las "dudas legales", de las que también dejaron copia mediante un documento registrado en el IASS y "espero que estén haciendo algo", ha confiado.

   Según ha precisado, el gerente les comentó en ese momento que "no podía hacer nada, tenía las manos atadas" y que de no firmar el contrato que había dejado resuelto el Gobierno anterior "hubiera cometido prevaricación".

   Ichaso ha criticado que "sean incapaces de encontrar la manera de frenar este contrato" y ha asegurado que existe una vía, que sería la declaración de lesividad del interés público y posteriormente la nulidad del acto administrativo de adjudicación.

   A partir de ahí, "nos gustaría que hablaran con nosotros" y, en todo caso, "que se habilitara la fórmula para que los chavales estén atendidos en condiciones de seguridad, legalidad y dignidad, que es lo que llevamos pidiendo diez meses", desde el inicio de la huelga.