JACA (HUESCA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La acción popular que representa al Partido Popular (PP) en el caso Fago, iniciado por la muerte violenta del alcalde de la localidad pirenaica del mismo nombre, Miguel Grima, cargo del que se acusa al ganadero y agente forestal Santiago Mainar, pedirá para el encausado 21 años de cárcel por asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas.
Según el relato de la acción popular, Mainar mantuvo "continuos enfrentamientos" con Miguel Grima, que había sido "amigo" del primero hasta 1998. El escrito de calificaciones entregado en la sede judicial hoy, viernes 27 de junio, alude al "odio radicalizado" generado en Fago contra el alcalde, al que Mainar "acusaba de todos cuantos problemas le surgían, de actuar contra los intereses del pueblo y no ser justo en sus decisiones".
Estos motivos, según la acción popular, llevaron a Mainar a decidir "acabar con su vida urdiendo de forma premeditada, fría y alevosa un plan para ello".
El 12 de enero de 2007, Mainar se encaminó por la pista forestal del Valle de San Juan y se dirigió al lugar donde tenía "oculta a cualquier mirada" una escopeta de caza "que había encontrado tiempo atrás" y de la que no tenía guía de pertenencia ni licencia de caza.
La acción popular entiende que Mainar conocía el vehículo de Grima, el hecho de que iba a desplazarse a Jaca y que solía volver al pueblo solo, avanzada la noche. También estima que el encausado conocía el itinerario que iba a realizar Grima.
Mainar se dirigió a un tramo de la carretera Fago-Majones donde podía "parapetarse sin ser visto", donde colocó varias piedras. Grima llegó al lugar, detuvo el coche, bajó del vehículo y, después de retirar las piedras, "sin dar lugar a ninguna reacción defensiva ni de huida", apareció Mainar por detrás disparándole y causándole la muerte.
Una vez cometido el crimen, Santiago Mainar, "cogiendo de la muñeca el cadáver del alcalde de Fago, lo arrastró hasta la cuneta, donde lo arrojó por una pequeña pendiente, dejándolo allí abandonado, introduciéndose en el vehículo de Miguel Grima, y llevándolo hasta una pista forestal, donde lo dejo abandonado y oculto debajo de un árbol para dificultar su localización".
La acción popular resalta que Mainar confesó el asesinato, inicialmente, ante la Guardia Civil, ofreciendo "toda clase de datos" de forma "lúcida, detallada y precisa". A esto se añade el informe del Grupo de Criminalística de la Guardia Civil y la existencia de restos de piel de Mainar en el coche de Grima.
Por el delito de asesinato junto con el de atentado, la acción popular pide 20 años de cárcel con la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena. Por la tenencia ilícita de armas, piden un año de prisión.
La acción popular solicita, asimismo, que se prohíba a Mainar aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse de cualquier manera con la viuda de Grima, Celia Estarlich, durante al menos cinco años, periodo durante el que no debe residir ni acercarse a Fago, según la acción popular. Asimismo, la representación letrada del PP pide una indemnización para Celia Estarlich de 200.000 euros.
La acción popular pide interrogar al acusado durante el juicio y la lectura de varios folios del sumario, en concreto los relativos a la inspección ocular, el levantamiento del cadáver, el informe forense, la autopsia inicial, la inspección del vehículo de Grima, el informe relativo al hallazgo del cadáver.
También solicitan que se dé lectura al folio relativo a la inspección ocular del lugar donde se encontró la linterna frontal del individuo que fue visto en el lugar del asesinato poco después de morir Grima y otros documentos.
La acción popular, reclama, además, que se realice una audición de la confesión inicial de Mainar ante la Guardia Civil. La acción popular pide que se cite como testigos, en la vista oral, a los ciudadanos Alfonso Navarro; Enrique Barcos; Esther Franco; Asier Garate; Ignacio Bidegain y Elena Cáncer.
También deberán comparecer, si lo admite la Audiencia Provincial de Huesca, varios agentes y oficiales de la Guardia Civil, entre ellos varios del Servicio de Criminalística y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.
En cuanto a las pruebas periciales, la acción popular pide que testifiquen el oftalmólogo Jorge Clúa y miembros del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.
