Saiz afirma que la regularización "va según lo previsto" y niega que haya "caos"

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ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "va según lo previsto", aunque no ha dado cifras al manejar por el momento sólo "estimaciones no oficiales", y ha negado que se haya generado ningún caos: "Efectivamente, ha habido alguna cola para esta tramitación, pero eso no es un caos".

Así lo ha afirmado la también portavoz del Gobierno de España, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse, en Zaragoza, con las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex) y con los agentes sociales de la Comunidad, que ha calificado la reunión como "muy productiva".

En el encuentro, ha constatado que existe "una importante legitimidad" entre las entidades sociales con este procedimiento "que saca de la invisibilidad a miles de personas". "Una legitimidad social, una legitimidad económica y una legitimidad política", ha zanjado.

"Estamos hablando de crecimiento, de convivencia, de poner en el centro los Derechos Humanos y de reconocer a personas que ya están aquí, que tienen que tener derechos y lo importante de su aporte para que no se pierda ni una oportunidad Aragón de prosperidad y de desarrollo".

Saiz ha subrayado que se ha trabajado "mucho" en un procedimiento que "está muy dimensionado" y ha reivindicado las "historias de vida que van detrás de cada una de estas personas que van a tener documentación y que indudablemente van a tener proyectos de vida y que van a aportar".

UN PROCEDIMIENTO "GARANTISTA" Y "TRABAJADO"

Ha defendido que el texto está "muy trabajado" y es "muy garantista", así como que las propias entidades sociales le han trasladado que, una vez pasados los primeros días, se está llevando a cabo con "absoluta normalidad", gracias también a muchas entidades locales que "han puesto lo mejor de sí mismas" para colaborar o alguna Comunidad Autónoma que ha puesto en marcha paquetes de ayudas para sufragar el trabajo que están haciendo las entidades.

Sin embargo, en otros lugares "ha habido quien ha puesto piedras en el camino", por ejemplo en lo relativo a la emisión de informes de vulnerabilidad, algo que, además, "no es necesario en todos los casos".

A este respecto, ha señalado que no le consta que el Gobierno de Aragón haya presentado un recurso contra esta regularización extraordinaria --el pasado 22 de abril encargó la elaboración del mismo--, pero ha recalcado que se trata de una política que da respuesta "a los derechos, a una demanda social, a mejorar la vida de la gente que ya se encuentran en Aragón y también en España, y cuando hay un consenso tan importante", citando el apoyo de la sociedad civil, las empresas, los sindicatos o la Iglesia Católica, que "aplauden el proceso". De este modo, ha hablado de "triple legitimidad: social, económica y política".

"Esta es la buena política, esta es la altura de miras, este es un gobierno responsable, que mira a la realidad y que da respuesta a los derechos de la ciudadanía", ha reiterado Saiz, quien ha enfatizado que la política del Gobierno de España es "una política coherente que pone en el centro los Derechos Humanos y también el gran aporte de la población migrante en nuestro país".

ESPAÑA: "UN FARO"

De hecho, ha aseverado que la semana pasada estuvo en la renovación del Pacto Mundial de Migraciones, en la ONU, y que España es "un faro".

Sobre la posibilidad de ampliar el plazo para que le dé tiempo a completar el proceso de regularización a todos los interesados, la ministra ha insistido en que "queda todavía por delante hasta el 30 de junio" para dar respuesta a todos aquellos que cumplan los requisitos.

En este sentido, ha realzado la aportación de la población extranjera a la economía nacional, en un momento en el que se están batiendo "récords", con más de 22,3 millones de afiliados, el 14,7% de fuera de España, con una presencia muy importante en sectores como la construcción o la hostelería, pero con cada vez más emprendedores o presencia en sectores de alto valor añadido.

Saiz ha indicado que las entidades y agentes sociales aragoneses le han planteado "casos específicos", como los de algunos países que tardan más en enviar documentos como el certificado de penales, a lo que ha trasladado el compromiso del Gobierno de España de dirigirse a esos terceros países para facilitar esta cuestión. Han hablado también de las necesidades concretas de manos de obra en algunos sectores, con lo que este procedimiento es "una buena noticia" para algunas comunidades como Aragón.

LAS ENTIDADES SOCIALES ESTÁN "BASTANTE CONTENTAS"

En representación de la Fundación Ozanam, José María Lamana ha aseverado que están "bastante contentos con cómo está yendo todo el proceso", que ya se ha normalizado tras el "tapón" registrado al principio, especialmente en lo relativo a los certificados de vulnerabilidad. De hecho, este miércoles han elaborado el certificado número 3.000.

"Quedan muchos", ha agregado, aunque la situación está "más controlada" y hay también personas que no tienen relación con las entidades ni "con lo que está pasando".

Lo que les preocupa ahora tanto a las entidades como a las personas que han iniciado el proceso de regularización son los plazos, sobre a todo a las originarias de algunos países, como Mali, Nicaragua, Guinea-Conakry o Cuba, para conseguir certificados de penales, lo que se va a trasladar al Ministerio de Asuntos Exteriores.

"El proceso es garantista, se pueden presentar las cosas, luego te pueden reclamar aquello que no hayas presentado, pero evidentemente cuanto mejor podamos presentar todas las documentaciones será muchísimo mejor", ha agregado. No obstante, Saiz no les ha trasladado la posibilidad de aumentar el plazo más allá del 30 de junio.

A ello ha sumado que hay personas que están "muy perdidas" o que no todas ellas tienen una red social o acceso a las asociaciones ni tienen "muy claro todos los pasos que hay que dar".

Además, en el caso de Aragón, ha puesto el énfasis en el mundo rural, ya que hay inmigrantes que viven en pueblos pequeños "donde no hay gente que les pueda ayudar, no hay oficina de Correos o ni tan siquiera llega la información". Por ello, ha insistido en que la información "llegue a todo el mundo".

En ese caso, Lamana ha recomendado acudir en primer lugar a los servicios sociales, "que eso todo el mundo sabe dónde están", y ahí les podrán dar más información.

"VALENTÍA"

Desde Accem, Julia Ortega ha trasladado a la ministra el agradecimiento por tener "la sensibilidad, la escucha social y la valentía" de atender la demanda de las organizaciones y de "la sociedad en general" de "sacar a la luz" a estos migrantes, que llevan tiempo viviendo y residiendo en España, y en muchos casos trabajando "en unas condiciones que vulneraban sus derechos y también la seguridad de las propias empresas".

En el caso de Accem, al no aparecer en el primer listado de entidades, han tenido "mucha menos presión" de inicio, pero sí que han llevado a cabo "mucha formación y mucha información".

Por ejemplo, han encontrado gente preocupada por no conseguir un empadronamiento, pese a que vive con sus hijos en España, o por un certificado de vulnerabilidad, que no es necesario en el caso de tener mayores o menores a su cargo.

En total, ha calculado que, entre todas las organizaciones, han podido atender "fácilmente" 6.000 casos en todo el territorio aragonés, que de momento no han recibido ninguna resolución, positiva o negativa, pese a que la norma establece 15 días para resolver. En este sentido, ha dicho que la ministra les ha tranquilizado al asegurar que "en breve" empezarán a llegar las notificaciones.