Fernando Rivarés urge a poner el "punto final" al "gran engaño" que ha supuesto, a su juicio, el Plan de Depuración de Aragón
ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha afirmado este lunes que no está "cerrada" la vía judicial en los tribunales de la Unión Europea (UE) para frenar "el ICA de Lambán". Ha comparecido junto con el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ante la Comisión especial de estudio relativa al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) de las Cortes de Aragón, donde también ha comparecido el gerente de Ecociudad, Joaquín García Lucea.
Ha insistido en que se ha producido "una violación del derecho comunitario" y ha advertido de que ha dado orden a sus servicios jurídicos para que esto no quede así" y resuelvan el caso las instituciones europeas.
En su intervención, Santisteve ha aseverado que este modelo de ICA constituye "una grave deslealtad" por cuanto supone un "desprecio" a los principios de cooperación y colaboración, criticando la "errática e inquietante" situación legislativa creada por el Gobierno de Aragón, motivada por la "falta de voluntad política de querer arreglar" la cuestión del saneamiento y depuración de aguas.
Santisteve ha comentado que ya en 2007 se hablaba de firmar un convenio marco de colaboración mutua y en 2012 Ayuntamiento y Gobierno adquirieron el compromiso de firmar un convenio, planteándose en 2015 una vigencia del mismo desde 2016 hasta 2030, pagando el Ejecutivo regional 2,7 millones anuales a la ciudad durante 15 años, según expresó el Consejo de Gobierno.
De esta forma, el Ayuntamiento tuvo la "confianza legítima" en que su aportación a otras estaciones depuradoras en otros municipios vendría establecida mediante un pacto.
Sin embargo, en 2016 el Gobierno de Lambán, ha continuado, impulsó una reforma legal "torticera" modificando "todo este régimen paccionado" mediante "la mera imposición unilateral", implantando contribuciones "claramente confiscatorias". Ha ironizado sobre el "espíritu abierto colaborador".
JUGADA REDONDA
"La jugada era redonda", ha lamentado el alcalde, argumentando que en la reforma legal de 2016 ya no se habla de la aportación de 2,7 millones anuales a Zaragoza, por lo que es "una auténtica tomadura de pelo, una bofetada a los zaragozanos", criticando expresamente al consejero de Hacienda, anteriormente titular de Hacienda en el Ayuntamiento, Fernando Gimeno, quien "traiciona a los zaragozanos" con el apoyo de Lambán, ha añadido.
Ha aseverado que con la reforma legal se elimina el régimen de pacto "sin publicación, aviso, advertencia, comunicación, aviso, alusión, advertencia o llamada vulnerando el Estatuto de Autonomía", lo que a su juicio "podría conllevar una responsabilidad patrimonial de la Administración" y además se quiebran "la confianza y la buena fe".
Santisteve ha abundado al decir que "ese régimen paccionado ha sido violado con un quebranto a las competencias de nuestro Ayuntamiento" de manera que "se entra en el terreno propio de la autonomía local".
Ha recordado que la Carta Europea de la Autonomía Local establece que "es un trámite ineludible" la consulta a las entidades locales en procesos de decisión autonómicos que les afecten, de ahí la posibilidad de recurrir a las instancias judiciales de la UE, defendiendo la vía judicial en instancias europeas.
Así, Santisteve ha asegurado que el Gobierno local no cierra la vía para que "el ICA de Lambán sea objeto de derogación, se abra la vía de la negociación, se establezcan criterios para que Zaragoza aporte, vía convenio, a la solidaridad territorial".
Ha apostado por "ser valientes" y promover una normativa de ahora "coherente" con el Derecho europeo y propiciar una "buena entente" entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que permita "sellar acuerdos que den seguridad jurídica a futuro y no nos introduzcan en estos devaneos".
PLAN DE DEPURACIÓN
Ha aprovechado para criticar el Plan de Depuración de las Aguas Residuales de Aragón, "un monumental engaño" por cuanto conlleva el "despilfarro" y ha acarreado un sobrecoste de 347 millones de euros, sin sumar los 84 millones del embalse de La Loteta.
Pedro Santisteve ha defendido los impuestos medioambientales y el principio de solidaridad interterritorial, así como la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza de ayudar al tratamiento ecológico del agua.
El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento asumió en solitario, en 1993, el coste de la depuración de aguas en la ciudad, careciendo de fondos europeos, en un proceso en el que se duplicó el coste de la depuradora de La Cartuja. A la vez, en otros municipios las depuradoras tuvieron subvenciones de hasta el 25 por ciento de la UE y de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, la depuradora de La Almozara corrió a cargo del Consistorio, así como la red de colectores.
MODELO "INJUSTO"
Por su parte, Fernando Rivarés ha criticado este "modelo injusto" de fiscalidad ambiental y ha alertado de la "falta de voluntad" del Gobierno de Aragón para "alcanzar acuerdos que beneficien a todos los vecinos" de la ciudad y del resto de la Comunidad Autónoma, afirmando que "el único fin" de esta reforma es "hacer pasar por caja a todas las familias, comercios y empresas antes de que quebrara el sistema de depuración de aguas de Aragón fruto del despilfarro".
Rivarés ha indicado que todos los partidos de izquierdas y varias organizaciones sociales firmaron un compromiso por la gestión pública y participativa del agua a propuesta de la Red de Agua Pública de Aragón que "el PSOE como firmante ya estaba incumpliendo en ese momento".
Ha expuesto que una familia zaragozana de tres miembros con un consumo medio paga 142 euros anuales por 66 en La Rioja, por lo que el ICA es el impuesto de depuración "más caro de España".
El consejero municipal ha opinado que el Plan de Depuración, siendo "oneroso", no debe financiarse mediante el ICA "sino por otros instrumentos vinculados a la renta" por principio de progresividad y de justicia distributiva.
SISTEMA MIXTO
Fernando Rivarés ha reiterado su propuesta de crear un sistema mixto con un impuesto reducido y una tasa, advirtiendo de que la gestión actual del gravamen presenta un sobrecoste de dos millones de euros. La tasa se cobraría en función del consumo repercutiendo el coste real del servicio, de forma que las familias pagarían un 45 por ciento menos que ahora en total.
Rivarés ha tildado de "pufo" el Plan de Depuración y ha avisado de que es "imposible" que se pueda pagar con el modelo financiero actual, proclamando que "es excesivo" y supone "un derroche", y preguntándose "por qué tenemos que ser los paganos si no fuimos responsables".
"No puede ser que, para que sea viable, tengamos que incrementar el recibo y no puede ser que sigan licitándose nuevas depuradoras sobredimensionadas", ha continuado Rivarés, emplazando a "poner punto final al gran engaño que ha supuesto la depuración del agua en Aragón".
ACUERDO
Por su parte, el gerente de Ecociudad ha dicho que "si pretendemos financiar el Plan de Saneamiento a través de este impuesto habría que determinar cómo cuantificamos esa cuota de responsabilidad de todos los municipios", ha planteado, considerando que "habrá que llegar a un acuerdo", más cuando "nos prestamos servicios mutuamente y no se podría entender de otra manera".
Que el ICA incrementó, en 2017, la presión fiscal en la tarifa de saneamiento un 86 por ciento, dependiendo de cada hogar, y que la cuota fija es la más alta de España "con diferencia".
Siguen faltando inversiones, ha subrayado, indicando que el aumento de la presión fiscal por el ICA es "una traba objetiva" a las mismas ya que "limita" la capacidad del Ayuntamiento para ejercer una competencia municipal.
