ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, se reunirá el próximo jueves, 28 de mayo, en Madrid, con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a quien expondrá las reivindicaciones de la Comunidad autónoma y con quien tratará de "forzar" un "acuerdo complementario" a las transferencias de la Administración de Justicia, que Aragón gestiona desde el 1 de enero de 2008.
Silva se pronunció así durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior de las Cortes de Aragón, a petición propia, para hacer balance de la asunción de las competencias en Administración de Justicia. El consejero reconoció que en las reuniones con los ministros "no se puede bajar al detalle de muchas cosas", pero tratará de obtener "compromisos importantes".
En este sentido, recordó que el ministerio ha anunciado que hay unos 600 millones de euros para los próximos dos o tres años para el conjunto del Estado y deseó que parte de esa financiación se destine a Aragón, puesto que su Departamento ha cuantificado el acuerdo complementario en aproximadamente cien millones de euros.
El consejero reconoció que en Madrid "las cosas siempre van demasiado lentas" y "muchas veces especialmente con Aragón", si bien con el anterior equipo que había al frente del ministerio existía "bastante buena sintonía" y "teníamos una serie de proyectos encima de la mesa que estaban a punto de salir".
En este sentido, reconoció que tras proponer Aragón en la comisión bilateral Estado-Comunidad autónoma la necesidad firmar acuerdos complementarios, "el Ministerio de Justicia lo está estudiando".
Por otra parte, el consejero se refirió al informe y acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la necesidad de un segundo juzgado de guardia de Zaragoza, y señaló que es "demoledor" y coincide con las posiciones de la consejería de que no es necesario hasta que no se cree el Juzgado de Instrucción número 13 de Zaragoza por lo que dio este asunto por "zanjado".
También mencionó el "desencuentro" con los sindicatos en relación con los Juzgados de Violencia de Género de Zaragoza, donde "más que un problema de cuantía económica es un problema de coherencia", aclaró, ya que recordó que el número de trabajadores afectados es de 20.
No obstante, comentó que hay "reuniones muy periódicas con los representantes sindicales" y "espero que los problemas se vayan solucionado".
BALANCE
El consejero realizó un balance positivo de estos primeros 17 meses de gestión de la Administración de Justicia y se refirió a las mejoras en materia de infraestructuras, con un acuerdo respecto a las sedes judiciales de la ciudad de Zaragoza. Al respecto, comentó que en 2009 se van a realizar las excavaciones arqueológicas en el solar de la trasera de la Audiencia Provincial.
En materia de medios, enumeró las diferentes mejoras con la adquisición y renovación del material informático -ordenadores, fotocopiadoras, impresoras y faxes-- y la mejora de los servidores y anunció que estos últimos se van a centralizar en un servidor único de gran capacidad que se instalará en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca.
Agregó que se mantendrán los 27 servidores actuales como almacén de archivos, que podrán utilizarse ante una eventual caída del servidor de Walqa. El consejero indicó, asimismo, que ya se está trabajando con los nuevos programas informáticos, en aplicaciones que permiten suprimir el uso de papel en las notificaciones, precisó.
No obstante, reconoció que todavía "hay poco conocimiento" por parte de los trabajadores de las aplicaciones informáticas en gestión procesal y por eso el plan de formación de 2009 incluye cursos en esta materia para funcionarios y también para jueces, magistrado, fiscales y secretarios judiciales.
En materia de redes de comunicaciones, señaló que se están revisado las instalaciones técnicas de las sedes judiciales y comentó que se trabaja en la ubicación de un nodo central en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón.
Además, indicó que se han digitalizado 47 salas y quedan 13 pendientes y se han comprado dos equipos para videoconferencias y este año se adquirirán otros cinco.
En materia de personal, el consejero recordó que se alcanzó en 20008 un acuerdo con un incremento salarial de 250 euros al mes y también se ha incrementado el personal de refuerzo, pasado de ocho a 34 trabajadores.
PEDIR FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA
Los diputados de los grupos de la oposición del Partido Popular (PP) y de Chunta Aragonesista (CHA) se refirieron a la "escasa" dotación con que se recibió la competencia de la Administración de Justicia y por eso se interesaron por saber si el Gobierno de Aragón iba solicitar al Ejecutivo central un "complemento de financiación", como hizo la Comunidad de Asturias.
La diputada del PP, Yolanda Vallés, también incidió en la necesidad de solucionar el conflicto con los trabajadores de los Juzgados de Violencia de Género y avanzar en la formación y en la implantación de nuevas tecnologías puesto que si bien ya hay ordenadores e internet "no hay correo electrónico", apuntó. También pidió al consejero que sea "más reivindicativo" para incrementar la planta judicial.
El diputado de CHA, Chesús Bernal, agradeció la información y la comparecencia del consejero, además de interesarse por la firma de un convenio complementario para mejorar la dotación económica.
El diputado del Partido Socialista, Manuel Lana, uno de los grupos que apoya al Gobierno aragonés, estimó que las transferencias han contribuido a que la Administración de Justicia sea "más próxima" y tenga mayor "calidad y eficacia", si bien reconoció que "sigue habiendo cuestiones por resolver".
La diputada del Partido Aragonés, Ana de Salas, cuyo grupo también apoya al Ejecutivo autonómico, recalcó el trabajo de "planificación en medios personales y materiales", que ha permitido "mejorar mucho la situación", aunque "queda mucho por hacer" porque la modernización de la Administración de Justicia es la "gran asignatura pendiente" en todo el país.
INICIATIVA RECHAZADA
En otro orden de cosas, la Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior de las Cortes de Aragón rechazó hoy una proposición no de ley presentada por el PP que pedía al Gobierno autonómico personal de refuerzo administrativo en los juzgados aragoneses con acumulen varios ámbitos jurisdiccionales, especialmente los de violencia de género.
