Solans tilda de "desleal" el Gobierno central al deber al Ayuntamiento de Zaragoza 14 millones del primer trimestre

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha criticado la "deslealtad" del Gobierno de España por el desfase de 14 millones de euros en el primer trimestre del año entre los ingresos previstos por las entregas a cuenta y lo realmente transferido.

En marzo la transferencia del Ministerio de Hacienda por este concepto ha sido de 33,6 millones de euros en las mensualidades de enero y febrero de 2026, que es el mismo importe que en el ejercicio 2025, lo que ha supuesto en esos dos primeros meses del año, un desfase de 5,8 millones, que son 2,9 millones por cada mensualidad, respecto a los 36,5 millones previstos.

Sin embargo, en marzo la transferencia ha descendido hasta los 28,3 millones, lo que ha aumentado el "desajuste mensual" hasta los 8,2 millones. De este modo, la diferencia entre la previsión y lo realmente transferido "alcanza ya los 14 millones de euros en el primer trimestre de 2026", ha calculado Solans.

La diferencia entre marzo y los dos meses previos es el resultado de la derogación, en el Congreso de los Diputados, del real decreto que actualizaba las entregas a cuenta de 2025. De este modo, el Ministerio de Hacienda transfirió en enero y febrero de 2026 las cantidades correspondientes a 2025 pero, al no convalidar el real decreto en febrero, se ha retrotraído a las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

Con el retroceso a los 28,3 millones mensuales, que es la cifra de referencia de 2023, el Gobierno de España "vuelve, un año más, a infradotar a los ayuntamientos durante buena parte del año, a la espera de otro real decreto que actualice las cantidades con efecto retroactivo".

Hasta entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza seguirá acumulando cada mes una merma de 8,2 millones de euros, a la que deberá hacer frente con sus recursos propios para prestar los servicios públicos municipales.

PROCEDEN DE IMPUESTOS

En rueda de prensa, Solans ha explicado que la ausencia de unos PGE desde hace tres años ha provocado la merma de esas entregas a cuenta que el ayuntamiento recibe por su participación en los ingresos del Estado, como el IVA, IRPF u otros impuestos especiales.

En marzo ese déficit ha sido de 28,3 millones de euros, que es la misma cantidad que ingresaba la ciudad en 2023, el último ejercicio en el que se aprobaron los PGE, lo que supone un desajuste del 29 por ciento respecto a los 36,5 millones que el propio Ministerio de Hacienda había proyectado para 2026.

Este desfase supone que el Ayuntamiento de Zaragoza "asumen unos compromisos de gastos de 2026, pero con unos ingresos del año 2023". Para Blanca Solans revela una "conducta desleal" por parte del Gobierno de España y en particular por el propio Ministerio de Hacienda porque ya es conocedor, por tercer año consecutivo, de que estas medidas causan "perjuicios financieros y problemas económicos a las Administraciones que dependen económicamente de sus transferencias y actualizaciones económicas cada ejercicio".

Este importe que adeuda el Ministerio de Hacienda "se nutre" de lo que los zaragozanos pagan en el impuesto de la renta, en el IVA y en el impuesto de sociedades. "Por tanto, pedimos que se devuelva a la ciudad lo que los contribuyentes han pagado en un momento, además, en el que el Estado tiene una extraordinaria recaudación y, por lo tanto, es inadmisible que estemos en este trimestre en la misma situación del ejercicio anterior".

Solans ha aventurado que si este desajuste no se corrige, la situación "empeorará" porque si se termina el primer trimestre con 14 millones menos, "es posible que en abril, si no se arregla, se acumulen otros 8 millones adicionales de déficit".

Además, si se repite la "tónica dominante" del Gobierno de España y aprueba el Real Decreto de las entregas a cuenta en septiembre, el déficit de financiación del Ayuntamiento de Zaragoza podrá superar los 40 millones de euros, ha estimado.

TENSIONAR

Blanca Solans ha calificado de "inadmisible" esta situación que es propia de una administración "desleal" y, sobre todo, ha alertado de que "tensiona de forma muy evidente la financiación para que pueda empeorar la calidad de la prestación de los servicios públicos municipales".

"Nos vamos a negar. Vamos a garantizar, aun incluso en este contexto, la calidad, la totalidad de la prestación de los servicios públicos municipales". Esa prestación de los servicios públicos está garantizada, ha aseverado, por la "buena gestión" del ayuntamiento y porque el Gobierno de Aragón "paga puntualmente lo acordado en el convenio bilateral, pero faltan los 14 millones de euros de las entregas a cuenta de la Administración del Estado", ha recalcado.

La consejera municipal de Hacienda ha incidido en que esta situación viene derivada de la falta de PGE porque en si hubiera una Ley de Presupuestos Generales del Estado se empezaría cada ejercicio con las entregas a cuenta actualizadas. De esta forma, hay que estar pendientes de que "sorpresivamente" el Boletín Oficial del Estado publique un Real Decreto que las actualice.

Ha incidido en que se trata de una conducta "desleal, pero no con el Gobierno de la ciudad o con la alcaldesa, sino con los ciudadanos de Zaragoza" y ha abogado por contribuir a reconducir esta situación.

"Si el Gobierno de España no es capaz de tener una ley de presupuestos generales del Estado no pueden ser los ciudadanos quienes paguen su incapacidad política. Y, desde luego, cualquier medida que aumente el gasto inicialmente previsto, lo normal y leal sería contar puntualmente con la financiación".

Antes de concluir, Solans ha señalado que lo "realmente engrandecería" al Gobierno de España, en este caso al ministro de Hacienda, Arcadi España; y en su caso al presidente, Pedro Sánchez, en última instancia, sería "aumentar" la financiación para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, "no tensionar" la financiación de las entidades locales y "garantizar" que, con independencia de esas otras medidas, todos los servicios públicos se van a garantizar.