ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo aragonés actuó "rápidamente" y el Ministerio de Fomento "estuvo receptivo" para minimizar los recortes anunciados por el Gobierno central en materia de infraestructuras en España y Aragón, con los que "no estuvimos de acuerdo".
Vicente ha explicado ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del grupo parlamentario del Partido Popular (PP), que el "ajuste de hoy es sensiblemente inferior al planteado a finales de julio", gracias las "conversaciones y negociaciones" entre ambos Ejecutivos y a la reunión del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, con el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de forma que varias de las obras inicialmente afectadas "se han reanudado".
Se trata de la ronda norte de Zaragoza; la variante de Alcañiz (Teruel), y los tramos pendientes de la autovía Huesca-Lérida, mientras que "estamos trabajando" para que los tramos rescindidos de las autovías Huesca-Jaca y Jaca-Pamplona y en el tramo de la N-232 en Ráfales (Teruel) "puedan licitarse lo antes posible".
Al respecto, ha aclarado que estas obras se reanudarán con financiación "con cargo al presupuesto ordinario" o mediante la colaboración público-privada, fórmula con la que Fomento "está compensando su disminución de capacidad inversora en el presupuesto ordinario" y que permite "crear empleo" y "acortar plazos de ejecución".
Además, ha anunciado que Fomento "ha comenzado oficialmente" con el proceso de revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que incluye una primera etapa de evaluación del plan, entre septiembre y diciembre, para saber "qué se ha hecho", y un segunda, entre enero y junio de 2011, en que las Comunidades autónomas deberán aportar las nuevas obras que quieren incluir en el plan.
El consejero ha apuntado que los criterios que primarán, según ha informado Fomento a las Comunidades autónomas, son la eficiencia, competitividad y sostenibilidad económica y social. Ha añadido que el Gobierno de Aragón quiere incluir en el PEIT los desdoblamientos de las carreteras entre Gallur y Ejea y Mallén y Cariñena, en la provincia de Zaragoza, así como el quinto cinturón de la capital aragonesa.
Por otra parte, ha considerado "más inmediato y razonable" alcanzar acuerdos con las empresas concesionarias de autopistas que desdoblar una carretera que transcurre de forma paralela a una autopista, "línea en la que está trabajando el Ministerio de Fomento" y, de no lograrse, recurrir a los desdoblamientos, como es el caso de la N-232 y de la N-II.
Vicente ha argumentado que los recortes anunciados por Fomento se han realizado en un contexto de crisis económica en la que España debe reducir su déficit y ante la que los gobiernos central y autonómico han preferido reducir las inversiones en infraestructuras y mantener las políticas sociales.
Asimismo, ha sostenido que los criterios empleados por Fomento para el recorte han sido "objetivos" y "no territoriales", para agregar que "van a ser malos años para las infraestructuras" y por eso hay que "priorizar" porque "todas las cosas a la vez no se pueden hacer".
IMPROVISACIÓN
El portavoz del PP en la Comisión, Antonio Torres, ha criticado al "innegable improvisación" del Gobierno central al plantear los recortes en infraestructuras, algo que "genera desconfianza" de forma que "no nos vamos a crear nada" de Fomento "hasta que no veamos las cosas en marcha".
El diputado 'popular' ha puesto sobre la mesa los problemas de seguridad vial y la "multitud" de trabajadores que han sido despedidos después de los recortes, quienes "no saben cuando los van a contratar".
Además, ha planteado dudas sobre la posibilidad de desarrollar la colaboración público-privada porque las empresas constructoras "no están en condiciones de aportar fondos" y las entidades bancarias "no están dispuesta a aportar el cien por cien".
El diputado del Partido Socialista (PSOE), Ricardo Berdié, uno de los grupos que apoya al Gobierno de Aragón, ha resaltado la situación de crisis económica en la que se ha producido el recorte de Fomento, para añadir que es preciso "priorizar" y opinar que "se ha mejorado bastante lo que pudo ser", además de animar al Ejecutivo a "seguir peleando" para conseguir "más avances".
El diputado del Partido Aragonés (PAR), Miguel Ferrer, el otro grupo que sostiene al Gobierno, ha recordado que su partido "no estuvo de acuerdo con el primer recorte anunciado para Aragón, en un porcentaje más alto que en otras Comunidades autónomas", si bien después el Gobierno "estuvo ágil" y "muchos de esos recortes se han quedado sin efecto".
No obstante, ha trasladado su "preocupación" por "como van a ponerse en marcha" las infraestructuras que no se han reanudado, entre las que ha recalcado el tramo de Ráfales de la carretera N-232, "que es prioritario para eliminar el cuello de botella que existe en él".
Los diputados de Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) no han estado presentes en la Comisión puesto que ambos grupos no han acudido al Parlamento en solidaridad con los trabajadores convocados a una huelga general este miércoles por los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en protesta por la reforma laboral.
INICIATIVA RETIRADA
En otro orden de cosas, el grupo del PP ha retirado una proposición no de ley que estaba previsto debatir en la Comisión. Su portavoz, Antonio Torres, ha explicado que la presentaron hace prácticamente dos años y que debatirán sobre su contenido a través de otras iniciativas parlamentarias. Ha agregado que no la han retirado antes para comprobar cuanto tiempo tardaba en debatirse. Se presentó el 17 de octubre de 2008.
La iniciativa pedía al Gobierno de Aragón que se dirigiera al central para solicitar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil "para flexibilizar la relación arrendaticia y agilizar los procedimientos para la resolución de conflictos entre las partes".
En concreto, estimaba necesario que en la de la Ley de Arrendamientos Urbanos se dejara a las partes el acuerdo para determinar el plazo de duración de los contratos y que en la de la Ley de Enjuiciamiento Civil se agilizaran los procesos de desahucio y la ejecución de sentencias.
