ZeC pide eliminar las limitaciones al proceso de regularización desde los servicios sociales municipales de Zaragoza

Hall del Ayuntamiento de Zaragoza en una imagen tomada por ZeC sobre la regulación extraordinaria de inmigrantes

- ZEC

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha manifestado su preocupación por las "restricciones que el Gobierno de la ciudad se produciendo en el proceso de regularización de inmigrantes que se acaba de poner en marcha y ha exigido que se eliminen.

Desde ZeC no sólo se muestran preocupados por la "falta de planificación y previsión" ante un proceso que "todo el mundo sabía" que iba a producirse y que está generando largas filas a las puertas del consistorio, sino también y especialmente por el papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha explicado que "la larga fila" en el Ayuntamiento de este jueves y el viernes, es sobretodo para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón y además el gobierno de la ciudad "está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento que está más vacío que cualquier día con sillas vacías y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos", ha asegurado.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza, ha desgranado el concejal de ZeC.

"SOBRECARGA"

Suso Domínguez ha alertado de que "no se permite" a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas.

Esto va a suponer una "fuerte sobrecarga" a este recurso y, en la práctica, que "miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización";, ha manifestado.

Para el concejal "no tiene ninguna lógica" que los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. "Estamos hablando de una red de 15 CMSS, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo", ha manifestado.

Asimismo, ha añadido que esta situación "solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización".

PRIORIDAD

Para ZeC la prioridad absoluta en estos momentos debe ser dar respuesta a los vecinos ante un proceso que va a regularizar su situación y permitirles acceder a derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

"Cualquier crítica legítima que pueda darse al proceso debería ser puesta ahora en un segundo plano", ha opinado. Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, "es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable", ha instado Suso Domínguez.

La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares, ha agregado.

Del mismo modo ha expuesto que el actual proceso de regularización es algo de lo que todos los ciudadanos "deberían alegrarse", ya que va a permitir a miles de vecinos, que llevan años viviendo y trabajando puedan disfrutar de los mismos derechos y obligaciones.

"Utilizar este procedimiento para hablar de "caos migratorio" o "efecto llamada" puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto", ha dicho. "Es necesario que de una vez por todas, Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno de España, ha concluido.