Asturias modificará su plan de gestión del lobo para seguir controlando la especie

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano aprobará un decreto que para mantener las políticas de control de la población de lobos con seguridad jurídica. El departamento que encabeza Marcelino Marcos ha tomado esta decisión tras haber analizado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la aplicación del plan de control 2022-2023.

El fallo da la razón a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y a Ecologistas en Acción Cantabria en dos recursos contra los métodos de gestión del lobo de Cantabria y Asturias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marcelino Marcos, ha dicho que la intención es modificar el decreto con celeridad. Actualmente el programa de control ha quedado suspendido. El dirigente asturiano espera tener a finales de junio aprobada la modificación del decreto para poder seguir haciendo extracciones. Del actual programa y después de la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la consejería ha ejecutado el 80% del programa 2025-2026, con 42 ejemplares extraídos: 31 abatidos y 11 muertos por otras causas.

Marcos ha explicado que tuvieron conocimiento este lunes de la sentencia y que a partir de ese momento se decidió suspender los controles como medida cautelar, paso previo a que los servicios jurídicos analizasen la sentencia.

Ha explicado que, en realidad, el Principado nunca llegó a ejecutar el plan recurrido, el de 2022-2023, de modo que a ese efecto las consecuencias prácticas de la sentencia eran nulas. De hecho, durante esos años no hubo extracción alguna.

Pero la repercusión de la decisión judicial supera ese periodo, toda vez que hace referencia a un período en el cual el lobo aún estaba incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Así, las sentencia afecta a un artículo concreto (el número 7, en su apartado 5.a) del decreto del Principado de 2015, que permitía determinar el número de capturas mediante cupos. Ese es el procedimiento que, hasta el momento, seguía el Gobierno de Asturias.

No obstante, Marcos ha indicado que el propio fallo orienta sobre cómo salvar esta situación. Textualmente afirma: que "las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma".

Ese es el camino que seguirá el Ejecutivo autonómico, con la aprobación de un decreto para autorizar de nuevo el artículo suspendido.

Así, en tanto se realiza este trámite, el Principado ha suspendido la aplicación del programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026, que finaliza el 31 de marzo.

Hasta ahora, se han abatido 31 ejemplares, a los que se suman 11 más muertos por otras causas, lo que suma un total de 42 cánidos, un 80% de los 53 previstos en el programa, cuando todavía resta mes y medio para su finalización.

"Si no hubiéramos tenido este contratiempo, probablemente estaríamos hablando a 31 de marzo de un cumplimiento del 100%, pero no vale llorar por la leche derramada", ha apuntado.

El Gobierno de Asturias considera que las actuaciones de control de la población de lobos son necesarias para facilitar la coexistencia de la especie con la ganadería extensiva, una actividad básica para el medio rural y señal del paisaje más característico del Principado.

Medio Rural convocará próximamente el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo y se reunirá con las organizaciones agrarias para informarles de los cambios que permitirán ejecutar con seguridad jurídica los controles.

"Lo que está claro es que las decisiones que tomamos, las tomamos como consecuencia de una sentencia que no nos gusta, no lo voy a negar, pero que la tenemos que acatar. Y lo que tenemos que dar es una respuesta ante una situación sobrevenida", ha añadido.