El TSJA estima el recurso contra la resolución de Medio Rural que imponía una Gestora en Ternera Asturiana

   OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha estimado el recurso de los vocales que integraban el Pleno del Consejo Regulador de Ternera Asturiana y que fueron relegados de sus cargos por medio del nombramiento de la Comisión Gestora por parte de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, declarando nulas las resoluciones recurridas por vulnerar el derecho fundamental de asociación, en su vertiente de autoorganización.

    Entiende el Tribunal que en el proceso electoral en el marco del cual se dictaron las resoluciones recurridas por los vocales no concurría otro interés más que el del Consejo Regulador y los operadores que lo integran.

   Fue a principios de junio de 2025, cuando el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana se encontraba en pleno proceso electoral y su funcionamiento y gestión se vieron interrumpidos por la decisión de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de nombrar una Comisión Gestora que se encargara de dichas labores.

   La Presidenta en funciones del Consejo Regulador en aquel momento. Isabel de la Busca, advertía de que esta decisión suponía "apartar de sus funciones a los órganos de gobierno democráticamente elegidos, de un día para otro y sin oportunidad si quiera de alegar, sustituyéndoles por una Comisión Gestora de 10 miembros elegidos por la administración".

    De la Busta lamenta que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y la Presidencia del Principado de Asturias "se pusieran de espaldas al diálogo, llevándoles a una situación insólita: la necesidad de acudir a los tribunales para defender los más elementales derechos".

   También la recuerda la ya expresidenta del Consejo Regulador como desde el principio advirtieron al Consejero, Marcelino Marcos, e incluso al Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, de la situación, destacando que "que no tenían competencia para adoptar esa decisión e intervenir de facto el Consejo Regulador" y la actuación de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria afectaba a los derechos fundamentales de los operadores de la IGP, en particular el de asociación, en sus vertientes de autoorganización y elección democrática de los órganos de gobierno.

   Recuerda Ternera Asturiana que tal y como recoge la sentencia, el Consejo Regulador es "una corporación de derecho público, que se rige fundamentalmente por el derecho privado". Por ello, varios de los operadores cesados por medio del nombramiento de la Comisión Gestora se vieron obligados a recurrir a los órganos de Justicia, solicitando como medida cautelar la suspensión de las resoluciones que nombraban la Comisión Gestora.

   "El Ministerio Fiscal apoyó nuestra petición y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de manera cautelar, suspendió el nombramiento de la Gestora, devolviendo la normalidad al Consejo", explica la ex presidenta.

    Esto permitió al pleno del Consejo Regulador retomar sus funciones, como representantes legítimos "en funciones" y proseguir con el proceso electoral, que culminó con la proclamación de un nuevo pleno el pasado diciembre.

   De la Busta también se muestra crítica con los miembros de la Comisión Gestora y su actuación, en particular con los miembros nombrados en representación de las organizaciones sindicales UCA, ASAJA y COAG, así como Cooperativas agroalimentarias y con la Asociación de Criadores ASEAVA, y el resto de sus integrantes, que en ningún momento "pensaron en las consecuencias para los operadores del consejo".

   Para de la Busta, la sentencia "supone lo que siempre han reclamado, que se respete el derecho de los operadores de la IGP a organizarse como consideren y votar en sus elecciones para elegir a sus representantes".

   En la misma línea se manifiesta el actual presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, Fernando Martínez, que indica que a la vista de la sentencia "la actuación de la Consejería ha sido contraria a la Ley".

   "Lo que los recurrentes calificaron como una injerencia pública grave e injustificada en el funcionamiento de una entidad de base privada como es el Consejo Regulador, ha sido refrendo por el alto tribunal de manera unánime, y con imposición de costas", indica Martínez que añade que esta sentencia viene a dar estabilidad a la situación del nuevo pleno, que lleva trabajando desde su constitución en diciembre, ahora ya con plena seguridad jurídica.

   El 5 de junio de 2025, la Junta Electoral del Consejo Regulador solicitó expresamente a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que se abstuviera de nombrar ninguna gestora, apostando por dar continuidad al proceso electoral, pero la Consejería hizo caso omiso y adoptó la resolución recurrida

   En la sentencia se destaca que "no concurre aquí otro interés que el del Consejo regulador y los operadores que lo integran, todos ellos sujetos privados". Asimismo, el Tribunal ha tenido en consideración que los actos recurridos se dictaron una vez había abierto la junta electoral un nuevo plazo de presentación de candidaturas y votaciones.

   En este sentido, se afirma en la sentencia que "la libertad de asociarse implica la facultad de autoorganización", destacando el fallo que la resolución recurrida se dicta cuando la Junta Electoral del Consejo Regulador ya había acordado reabrir el plazo de candidaturas para el Censo e incluso lo había publicado en su página web, junto con la fecha de las elecciones, previstas para septiembre.