Fiscalía y Abogacía del Estado mantienen la condena solicitada y la acción popular rebaja la suya a 25 años
GIJÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado de la acusación particular en el juicio por la muerte de Silvia Hernández supuestamente a manos de su pareja en el domicilio de ambos, en marzo de 2016 en Gijón, ha modificado este jueves la calificación de los hechos de asesinato a homicidio por omisión, por lo que en vez de la pena de prisión permanente revisable ha solicitado 13 años de prisión, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
De igual forma, la acusación popular, representada por la Asociación de Mujeres para la Igualdad, ha mantenido la calificación de asesinato pero en lugar de prisión permanente revisable ha pedido 25 años de cárcel. Así lo ha señalado la repetición del juicio, con jurado popular, celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.
Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han mantenido su calificación de homicidio, así como la condena solicitada para el procesado, 22 años de prisión y diez de libertad vigilada, mientras que la defensa ha insistido en la libre absolución de su cliente.
Durante el juicio, que dio comienzo el pasado martes con la declaración del procesado, este alegó que tan solo trató de arrebatarle el cuchillo con el que ella amenazaba con hacerse daño y que "jamás" ninguno de los dos fue consciente de la gravedad de las heridas, ya que apenas sangró. También afirmó que "en ningún momento" tuvo intención de matarla y que se querían.
Según la versión del procesado, esa noche, después de cenar en una sidrería en la que consumieron bastante alcohol, habían discutido de camino a casa, y luego de nuevo en el domicilio, en esta ocasión por unos cargadores del móvil.
El acusado relató que ella, como había hecho en otras ocasiones, salió al rellano de la escalera a pedir auxilio a gritos, pero llevaba un cuchillo con el que amenazó con autolesionarse. Según él, hubo un forcejeo al intentar quitarle el cuchillo y luego ambos cayeron "contra la escalera".
Supuestamente, el procesado le curó las heridas y ninguno pensó que eran de importancia porque no sangró apenas y luego dejaron de sangrar. No obstante, ante los dolores de ella al día siguiente, él insistió en llevarla al hospital pensando que era por el golpe contra las escaleras, pero esta no quiso.
Incluso indicó que su pareja se inventó un atraco como excusa en el caso de que fueran al hospital, algo a lo que se había comprometido a ir al día siguiente -dos después de los dos pinchazos con el cuchillo--. No obstante, ya casi a la mañana siguiente el acusado se notó mojado y descubrió que era sangre y "automáticamente" llamó al 112, sin creer aún que estuviera muerta.
Por otro lado, durante la vista oral la familia de la víctima ha sostenido que él la controlaba, la maltrataba y que la había alejado de familiares y amigos. La madre de la víctima también señaló que su hija tenía reconocida una minusvalía psíquica del 70 por ciento que le impedía trabajar y por la que cobraba una prestación, así como un problema de movilidad por el que no podía correr ni llevar tacones.
Sí reconoció que por esta enfermedad psíquica, si no tomaba la medicación, se volvía agresiva, pero solo "verbalmente", según ella. No recordaba, en cambio, la Nochebuena en que tuvo que llamar a la Policía porque su hija la había agredida y que la joven pasó la noche en los calabozos.
Uno de los testigos clave para la defensa ha sido el forense, quien coincidido en que las heridas que presentaba la víctima eran compatibles con un forcejeo, y por tanto con la versión del acusado, y no con un ataque.
JURADO POPULAR
El jurado popular, formado por nueve personas -solo dos de ellas mujeres-- más dos suplentes, deberá este viernes deliberar con base a los testimonios sobre si el acusado es culpable o no culpable.
Cabe recordar que el anterior juicio, en el que el procesado fue declarado culpable, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por no darse lectura en este al acta completa del jurado, además de contener "una flagrante contradicción", decía el fallo judicial, emitido en 2018.
