La acusación particular señaló que el alcalde del PSOE votó a favor de una licencia ilegal "a sabiendas"
OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Cudillero, Francisco González, negó hoy que la secretaria del Ayuntamiento le advirtiese durante el pleno en el que se aprobó una licencia para construir un bloque con 24 viviendas en la zona del Pito (Cudillero) de que el suelo estaba considerado como núcleo rural y no urbano. El regidor socialista aseguró además de que "materialmente" la zona siempre fue urbana porque "cuenta con una avenida, con aceras, alumbrado y alcantarillado".
El juicio por prevaricación contra el alcalde de Cudillero se celebró hoy en el Juzgado número 1 de lo Penal de Avilés y quedó visto para sentencia después de que declarase el acusado, tres concejales del Ayuntamiento, tres arquitectos.
Las partes, según recogió Europa Press, elevaron a definitivas sus peticiones iniciales. Por lo tanto la acusación particular, ejercida por Alejandro Riera, solicitó para el acusado la pena de un año de prisión y ochos años de inhabilitación especial como presunto autor de un delito consumado de ordenación sobre el territorio. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución de su cliente, al entender que la zona donde se construyeron las viviendas "siempre fue una zona urbana".
El Ministerio Fiscal, por sexta vez, pidió que se retirasen los cargos contra el alcalde socialista porque al no considerar que el regidor haya cometido algún delito de prevaricación. "Con la cantidad de delitos de urbanismo a gran que hay en todos los ayuntamientos de España es ridículo que hoy estemos aquí en este proceso", dijo el fiscal.
El primero en declarar ante el magistrado fue el alcalde de Cudillero quien manifestó que la zona del Pito "siempre" fue considerada zona urbanizable por lo que no entiende "que se haya montado tanto revuelo". Respecto a la existencia de un informe de la secretaria del ayuntamiento en el que se advierte al equipo de Gobierno de la falta de un informe técnico sobre las particularidades de la zona, Francisco González manifestó que "nunca había visto ese documento". "Tampoco fui advertido verbalmente porque me hubiese acordado".
"La licencia para construir en esa parcela es legal porque la otorgó el ayuntamiento y porque la zona está catalogada como urbana", manifestó el alcalde que negó conocer "ni al promotor ni al que realizó la obra".
A raíz de las afirmaciones del alcalde el letrado de la acusación particular le rebatió y dijo no entender porque el regidor le pidió a un arquitecto que cambiase la tipología del suelo de rural a urbano "como así constaba formalmente". González respondió que "sólo le dijo al técnico que tenía que adecuar el suelo urbano".
"Estoy convencido de que se podía dar esa licencia", dijo el alcalde. Añadió que "si el suelo no estuviese catalogado como urbano no hubiésemos aprobado la licencia".
DECLARACIÓN CONCEJALES.
Por su parte, los tres concejales que declararon durante la sesión como testigos, Jesús Payares Alonso, Luis Rodríguez Menéndez y María Isabel Riesgo defendieron la versión del alcalde y aseguraron que "en ningún momento" escucharon a la secretaria advertirles de que la zona pertenecía a núcleo rural. Negaron también que el documento escrito a mano por la funcionaria del consistorio en el que aseguraba que la zona no era urbanizable estuviese dentro del expediente aprobado por el equipo de Gobierno en el 2002.
El alcalde y los concejales llegaron a admitir que en algunos casos los proyectos de base se aprobaban con la falta de algunos informes técnicos "que se aportaban más tarde para la aprobación del proyecto de ejecución".
El arquitecto del Ayuntamiento pixueto, Rafael Vallaure, avaló también esta afirmación y dijo que en algunos casos el ayuntamiento "aprueba proyectos de obras sin que pasen por sus manos". Vallaure manifestó que la zona en aquel momento "estaba catalogada formalmente como zona rural" aunque materialmente "podría ser urbana" por sus infraestructuras. "La propuesta de hacer el bloque de edificios era viable previa modificación del acondicionamiento de la zona", aseguró Vallaure.
Por su parte, la secretaria del consistorio pixueto manifestó no recordar nada sobre este asunto "ya que pasaron cinco años" y la aprobación de la licencia se celebró en una sesión "muy larga". La secretaria reconoció su firma en el infirme en el que advertía de que la zona del Pito era rural pero "negó acordarse si informó de palabra a la comisión".
CONCLUSIONES.
En la fase de conclusiones finales, la acusación particular, manifestó que existen pruebas fehacientes que inculpan al acusado de cometer un delito de prevaricación y señaló que el alcalde del PSOE votó a favor de una licencia ilegal "a sabiendas". Riera acusó al alcalde socialista de mentir "descaradamente" durante su declaración y manifestó que tiene "un claro desprecio por la normativa vigente".
Por su parte, la defensa, acusó al letrado de la acusación de actuar "contra el alcalde de Cudillero por venganza" y señaló que la acusación no dio ningún argumento sobre las razones que podría tener el alcalde para dar la licencia de obras a la empresa promotora.
El Ministerio Fiscal aseveró que no existe motivo para acusar al alcalde de prevaricación y dijo que si "la justicia se pusiera a acusar por irregularidades urbanísticas tendríamos al alcalde de Oviedo, de Gijón o de Avilés todos los días en los tribunales". "No basta con una irregularidad administrativa para calificar el hecho como un delito penal", dijo.
El fiscal además tildó de "absurdo" el proceso de hoy "viviendo en un país en el que la corrupción urbanística a gran escala está a la orden del día". "¿De qué estamos discutiendo si los diputados votan en el Congreso de los Diputados con el pie cuando no está su compañero?", se preguntó el fiscal.
