Melania Álvarez - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de consejera de Derechos Sociales y Bienestar y Portavoz del Gobierno asturiano, la socialista Melania Álvarez, ha vuelto a negar este viernes que el Ejecutivo haya tenido intención alguna de ocultar el documento 'Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias'.
Ha sido este jueves cuando ha trascendido el mencionado trabajo, de 2020, después de que se haya dado por rota la negociación para reformar el estatuto asturiano e incluir la oficialidad. Esta cuestión ha propiciado críticas de la oposición que está acusando al Gobierno asturiano de engañarles y de ocultar ese informe.
Pero Álvarez, a preguntas de los periodistas, lo ha negado categóricamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha dicho que ese tipo de informes son pedidos por distintas consejerías con normalidad y transparencia. En alguna ocasión se hacen públicos de forma activa, en otras no porque son documentos de trabajo.
Así, ha comentado que ni el Consejo de Gobierno tuvo conocimiento del informe sobre la oficialidad. El documento, ha explicado, no refleja la posición del Gobierno. El Ejecutivo asturiano "no gobierna a golpe de informe", ha añadido.
"Es un documento de trabajo interno", ha dicho Melania Álvarez, que ha añadido a continuación que la negociación sobre la reforma estatutaria era una cuestión de los grupos parlamentarios.
Preguntada sobre si el Gobierno asturiano cuenta con más informes relativos a la oficialidad del asturiano, Álvarez ha dicho que no tiene es información concreta y se ha remitido a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo.
CONTRATO MENOR
El Servicio de Normalización del Uso de la Lengua Asturiana e Investigación, dependiente de la mencionada Consejería, fue el que encargó el trabajo. Pagó por el mismo 17.895,9 euros a través de un contrato menor, según los datos recogidos por Europa Press. El contrato fue para un grupo de investigadores a través de la Fundación Universidad de Oviedo.
El coordinador del estudio, de casi 300 páginas, y que plantea diferentes escenarios además de 80 conclusiones, fue el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno. Junto a él, como autores, figuran Xabier Arzoz Santisteban, Hkan Casares Berg, Marta María Mori de Arriba, y José Manuel Pérez Fernández.
El propio Miguel Presno se ha referido en sus redes sociales a la polémica generada estos días a cuenta del trabajo. Ha revelado que cuando entregaron el estudio, en diciembre de 2020, los autores plantearon la posibilidad de su publicación y la de realizar una presentación pública.