OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad (Anadel) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en la que le pide que abra diligencias de investigación encaminadas al estudio del destino de las transferencias realizadas por el Gobierno del Principado de Asturias a la Fundación Oso de Asturias y su importe, a fin de dotar de soporte documental las mismas y justificar los movimientos.
En su escrito, Anadal señala que se trata los fondos que recibe Fundación Oso, que gestiona el cercado de Santo Adriano, caudales que gozan de la consideración de públicos y que "pueden haber sido sustraídos o desviados con ánimo de lucro propio o de terceros conllevando a un enriquecimiento injusto".
A través de una nota de prensa, Anadel ha señalado que las transferencias económicas públicas que percibe la Fundación oso de Asturias, 176.000,00 euros de transferencia más 25.000,00 euros, no se traducen en modo alguno en el estado de bienestar animal, habida cuenta de que se viene alimentando a los ejemplares durante años con fruta y pan (careciendo la dieta de aporte de proteínas y de alimentos necesarios). "Se encuentran en pésimas condiciones de higiene y salud, no reproduciendo la fundación, como es debido y obligado, las condiciones naturales en el cercado, de forma que los plantígrados gocen, aún en cautividad, de condiciones similares a las de libertad", ha manifestado.
Anadel considera que los actuales recintos donde están los osos carecen de las medidas necesarias y suficientes para albergar cuatro osos, ya que solo existen tres habitáculos para el alojamiento, y habiendo en estos momentos cuatro ejemplares, resulta que uno de ellos tiene que permanecer de forma constante en el recinto exterior a la intemperie, lo que pudiera constituir una situación de maltrato.
"De todos estos hechos se infiere que dichos caudales públicos pudieran estar siendo desviados de su destino final, que es el bienestar animal de los osos cautivos en el cercado, pues el abono a posibles proveedores de mercancías y servicios, casi todos ellos prestados de forma gratuita, no se justifica el gasto de las transferencias provenientes de la Administración Pública", han concluido.
