La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el Pleno Extraordinario de Ordenanzas Fiscales para 2026. - EUROPA PRESS
GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante este miércoles, con carácter provisional, las Ordenanzas Fiscales para 2026 que propone una congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos, excepto unos pequeños cambios, así como las de la EMA y Cegisa.
Así lo ha hecho en el Pleno Extraordinario de Ordenanzas Fiscales, en el que solo han votado a favor Foro, PP y concejal no adscrito y en contra PSOE, IU, Podemos y Vox. Si tras 30 días hábiles no se reciben alegaciones, la aprobación pasará a ser definitivas. La oposición había presentado un total de 17 enmiendas a este proyecto.
Desde el Gobierno local se ha defendido que, si bien lo fácil puede ser subir las Ordenanzas año tras año para conseguir más ingresos, ellos sostienen que se puede hacer más sin falta de esquilmar el bolsillo de los gijoneses.
En cuanto a los cambios que sí se van a aplicar, dos de ellos son referentes a precios públicos y cuatro al Patronato Deportivo Municipal (PDM), al margen de lo que tiene que ver con la Empresa Municipal de Aguas (EMA) o la tarifa de Cegisa, relativa a cementerios municipales.
Se modifica, de esta forma, la cesión de espacios municipales, de forma que los días de montaje y desmontaje se pase a cobrar un 25 por ciento de la tasa. Se establecen, asimismo, nuevos precios para la cesión de espacios del Jardín Botánico, con la definición de unas tarifas de aplicación dependiendo de casuísticas, y lo mismo en el caso de las visitas guiadas. Además, se incluirá en la tarifa reducida a las personas de movilidad reducida.
Respecto al PDM, se harán cambios en algunos de sus precios, como el del uso del centro médico, alquiler de las instalaciones y algunos cursos, mientras que el abono deporte, pasa a ser Abonado Gijón Deporte.
En lo que se refiere a la EMA, la nueva Ordenanza recoge la adaptación prevista al paso paulatino al sistema de telelectura, por el que deberán sustituirse los contadores existentes. En este caso se prevé que la propiedad de los mismos pase a ser de la propia EMA y cobre por ellos el alquiler, que ya está estipulado en el reglamento vigente.
La concejala de Hacienda, María Mitre, por su parte, ha destacado que estas Ordenanzas ratifican el cumplimiento del compromiso "firme e innegociable" del Equipo de Gobierno con los gijoneses.
En línea con ello, ha reivindicado que el que hoy Gijón tenga una Administración "saneada", con capacidad inversora y sin necesidad de gravar en exceso a los ciudadanos, es fruto de la gestión del Gobierno municipal.
Ha justificado, eso sí, los incrementos en el caso del PDM, debido al aumento de los precios en los suministros. "Gijón lidera, pero no a costa de los gijoneses", ha asegurado.
Al PSOE, del que han aceptado dos enmiendas relacionadas con la vulnerabilidad de las personas a la hora del pago en el PDM, le han relatado proyectos en marcha que se llevan a cabo sin necesidad de subir impuestos. "Los discursos apocalípticos son peligrosos", ha advertido Mitre a los socialistas.
CRÍTICAS DESDE LA IZQUIERDA
Por su parte, los grupos de Izquierda han acusado al Gobierno local de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria e incluso hay quien ha visto en la congelación generalizada una vía encaminada a la privatización de los servicios públicos.
También ha habido críticas desde la Izquierda a que mientras se congelan las Ordenanzas Fiscales el Gobierno local tira de los ahorros de organismos autónomos y empresas municipales para 'tapar los agujeros' de su gestión.
La concejala del PSOE Marina Pineda, por su lado, ha cifrado en 479 euros por persona la presión fiscal de los gijoneses en 2024 y lo ha contrapuesto con Oviedo, donde es de 562 euros.
Según la edil, si se cobrará como en Oviedo, Gijón ingresaría 22,2 millones euros más anuales, y mucho más si emulara a otras ciudades de tamaño similar gobernadas por el PP como Santander, con 619 euros que elevarían los ingresos gijoneses en 37,5 millones de euros.
Unos incrementos en los ingresos que se podrían destinar, según la edil del PSOE, a mejorar los servicios públicos e instalaciones deportivas, favorecer el acceso a la vivienda, facilitar servicios sociales o agilizar la tramitación administrativa, entre otros ejemplos.
Ha criticado, en línea con ello, que el Gobierno local rechace aplicar la ecotasa turística o ajustar el pago por el uso de suelo público por parte de entidades, lo que generaría más ingresos.
Por parte del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, este ha sostenido que este proyecto de Ordenanzas enmascara que Gijón "renuncia" a mejorar la capacidad económica del Ayuntamiento y a modernizar sus instrumentos fiscales para hacerlos "más justos". "Gijón necesita ingresos que blinden sus servicios públicos", ha apostado.
Ha afeado al Gobierno local, asimismo, su visión "cortoplacista", basada en gastar sin recaudar mientras que "saquea" la hucha de organismos autónomos y empresas municipales.
Al tiempo, ha llamado la atención sobre que los únicos ingresos que crecen de manera significativa son las transferencias de otras administraciones, que suben 13 millones de euros más que en el presente ejercicio.
En el caso de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, esta ha tildado de "negacionismo tributario" y de "propaganda barata" este proyecto de Ordenanzas Fiscales, basadas en estimaciones "no creíbles" en el capítulo de ingresos, especialmente en lo referente al impuesto de construcciones.
Todo ello en detrimento, según ella, de la prestación de servicios públicos. Ha criticado, también, la subida en las Escuelas Deportivas, así como el precio del Servicio de Ayuda a Domicilio, mientras se gastan millones de euros en el proyecto de Tabacalera o se empleó en la nueva Comisaría de la Policía Local.
Por contra, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha mostrado su rechazo a esta propuesta de Ordenanzas Fiscales, pero al opinar, al contrario que los grupos de Izquierda, que no debería contemplar ni una sola subida de impuestos, tasas o precios públicos.
A su juicio, se trata de una "falsa congelación", al haber subido los precios los años anteriores, que traiciona, a su parecer, la promesa de no aumentar las Ordenanzas Fiscales.
Ha llamado la atención, además, sobre que a los ciudadanos con rentas bajas puede resultarles "gravoso o no asumible". Por todo ello, ha opinado que esta congelación "mínima" que resulta ser "más una medida estética" que de auténtico alivio a la ciudadanía, lo que no compensará la pérdida de poder adquisitivo que sufren los gijoneses. Ha abogado, en este caso, por retrotraerse a precios de 2024.