Aprovij acusa al Principado de "enmascarar y minimizar" el impacto de la suspensión de desahucios

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Inseguridad Jurídica (Aprovij) acusa al Principado de "enmascarar y minimizar el problema" derivado del Real Decreto-ley 11/2020 y exige para los pequeños propietarios afectados por la suspensión de desahucios "soluciones estructurales reales: vivienda pública suficiente, gestión eficaz y alternativas habitacionales inmediatas".

En un comunicado, la asociación responde "a las afirmaciones del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, quien asegura que no son muchos casos" y que "no existe la alarma de la que hablan PP y Vox, apoyándose en que solo 59 arrendadores han recibido compensaciones". Para Aprovij, ese dato "no demuestra que el problema sea menor, sino el fracaso del sistema", ya que evidencia que el procedimiento ha sido "insuficiente, lento y opaco".

La asociación sostiene que muchos propietarios desconocen incluso la existencia de compensaciones y recuerda que desde la propia consejería se trasladó que no se compensaría hasta el levantamiento de la suspensión de los procedimientos o la caída de la norma, algo que no ha ocurrido pese a que el RDL 11/2020 ha sido prorrogado "en doce ocasiones, acumulando más de seis años de vigencia".

Aprovij denuncia además la falta de transparencia y recuerda que en la única reunión mantenida con la consejería, celebrada en diciembre tras haber sido solicitada en febrero, se pidió que la compensación figurase de forma clara en la web del Principado. Asimismo, subraya que dicha compensación "no cubre la totalidad de la deuda del inquilino", sino solo el periodo posterior al auto judicial de suspensión, cuando previamente pueden haberse acumulado "hasta dos años y medio de impagos".

La asociación considera "contradictorio" que Zapico afirme ahora que el Principado seguirá asumiendo las compensaciones "con recursos propios, cuando en una nota de prensa del pasado 9 de diciembre solicitaba financiación estatal para poder mantenerlas". "Esta incoherencia genera desconfianza y pone de manifiesto la ausencia de una estrategia clara", advierte.

Aprovij recalca que los afectados son "caseros normales, no grandes tenedores", como reconoció el propio consejero, y los define como pensionistas y trabajadores con hipotecas que llevan años sin cobrar alquileres que, de media, rondaban los 485 euros mensuales. A su juicio, estas personas "están siendo obligadas a sostener una política social que corresponde exclusivamente a la Administración".

La asociación insiste en que los propietarios no reclaman compensaciones indefinidas, sino "dejar de ser expropiados de facto y recuperar su vivienda", algo que, a su entender, solo se logra ofreciendo alternativas habitacionales a los inquilinos. "Si afecta a poca gente, resulta incomprensible que no se resuelva de forma inmediata", señala.

En este contexto, Aprovij advierte de que la prolongación del RDL 11/2020 "no soluciona el problema, lo enmascara" y genera inseguridad jurídica, lo que estaría provocando la retirada de viviendas del mercado del alquiler y la subida de precios, además de perjudicar a los colectivos vulnerables que la norma pretende proteger.

La asociación sostiene que, según su experiencia, los casos de verdadera vulnerabilidad son minoritarios y denuncia que la falta de vivienda social en Asturias es un problema estructural, agravado por una gestión deficiente. "El escudo social debe ejercerlo el Estado, no un particular con su pensión o su salario", concluye Aprovij, que exige al consejero Zapico que "asuma su responsabilidad y ponga fin a este parcheo permanente".