OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez ha manifestado este lunes en comisión parlamentaria que el Gobierno del Principado defiende avanzar hacia un modelo de financiación autonómica que financie servicios públicos y que no se limita exclusivamente a repartir una cesta de ingresos más allá de que el criterio de la población ajustada se acerque en mayor o menor medida a ese coste efectivo.
"Consideramos que la despoblación, que es un objetivo fundamental de la financiación autonómica, se debería abordar a través de un fondo específico", incidió el consejero, que insistió en que esa población ajustada es "la cuestión nuclear de la reforma del modelo". "Sería aconsejable acometer el reto demográfico a través de un fondo específico para combatir específicamente sus causas. Nosotros sí creemos que debe hacerse a través del modelo de financiación autonómica, pero bueno, estamos a resultados de lo que se decida", añadió.
Peláez ha comparecido para informar sobre la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y ha dado cuenta de la evolución que ha ido siguiendo la negociación de ese nuevo modelo de financiación. Ha incidido en que se trata de un trabajo eminentemente técnico que además no constituye una propuesta ni una posición formal por parte del Ministerio de Hacienda de cara a la reforma, pero sí que ayuda a que se pueda llegar a un acuerdo.
Así ha indicado que lo que está defendiendo el Gobierno asturiano es que ese criterio de población ajustada refleje de la forma mejor posible el coste efectivo de los servicios públicos en Asturias y por ello reivindican que tenga un mayor peso el gasto sanitario, el envejecimiento y el sobreenvejecimiento.
Ha manifestado que desde el Gobierno del Principado de Asturias lo que manifestaron al Ministerio es, en primer lugar, la necesidad de conocer todas las observaciones que presentaron el resto de comunidades autónomas para poder saber qué es lo que opinaban y también poner de manifiesto los dos elementos fundamentales y nucleares del modelo de financiación, tanto la población ajustada, como la recaudación normativa.
"Pero que si vamos hacia una reforma del modelo integral es necesario conocer el resto de componentes del modelo. No se puede negociar exclusivamente cómo va a quedar la financiación ajustada si no sabemos cómo va a quedar el resto de fondos o cuántos recursos se van a incrementar en la cesta que se va a repartir entre comunidades autónomas", dijo.
CONDONACIÓN DE LA DEUDA
Preguntado por la posible la condonación de la deuda, el consejero ha indicado que la misma "entraña riesgo moral", pero entienden desde el Gobierno que "la Administración General del Estado tiene una competencia superior que es la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio".
"Cuando CCAA han llegado a ese límite, está en la obligación de actuar han llegado a ese límite, está en la obligación de actuar. Ahora bien, en esa obligación de actuar lo que decimos es que las CCAA que hemos cumplido, que hemos sido responsables y congruentes con el modelo, lo que queremos es que se realice esa condonación de forma equitativa para que ninguna salga perjudicada o, mejor dicho, que todas podamos salir beneficiadas de una eventual condonación", indicó el consejero.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP, Andrés Ruíz, ha manifestado que han pasado casi tres años y "seguimos estudiando los mismos informes e incluso se sacan a la luz pública en diciembre, cuando llevan desde el 31 de enero de 2022 encima de la mesa".
"Es bastante curioso ahora el contar que hay una serie de divergencias que ya se conocían desde hace tiempo", ha dicho Ruíz, que ha lamentado que hoy los retos de este modelo siguen siendo los mismos, los mismos que el año pasado y los mismos que hace un lustro, con el debate de la población ajustada y cómo afecta eso al cálculo real y efectivo de los servicios públicos fundamentales.
Ante esta situación ha emplazado al consejero a trasladar en la próxima reunión del CPFF a la ministra de Hacienda que hay cuestiones que ya son "inaplazables".
Desde Vox, Gonzalo Centeno, ha sido muy crítico con las negociaciones sobre financiación autonómica, asegurando que en el CPFF solo se les va a presentar "el precio que va a pagar Sánchez a los separatistas para mantenerse del poder". "Ninguna novedad desde el año 2009", dijo Centeno.
"El resto de las regiones, entre ellas Asturias, van a ir a este Consejo solo a mendigar o a controlar daños, como el caso de Madrid. Incluso algunas irán a hacer servidismo. Cuando vuelvan ustedes, usted mismo, veremos dureza de boquilla el próximo jueves, y luego publicidad vestida de pedagogía fiscal para vender a la población la pérdida de recursos en términos comparativos que nos aleja cada vez más de otras regiones", replicó Centeno al consejero.
La portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha reiterado que su grupo considera que "el modelo actual no garantiza un sistema de financiación autonómica que aporte recursos suficientes".
"Nuestro grupo defiende que se articule un nuevo modelo que garantice, en primer lugar, la suficiencia de recursos para financiar esos servicios, pero también un modelo que garantice que esos servicios se presten con un nivel de calidad equivalente a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde residan, teniendo también en cuenta las necesidades reales de gasto y no solo el número de habitantes", dijo Campomanes.
Desde el Grupo Mixto, el diputado Adrián Pumares (Foro) se ha muy pesimista con el resultado que pueda salir de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal. "Al final me preocupa que estemos en una situación como en el último acuerdo que se alcanzó y que en aquel momento fuese liderado por la Generalitat y en este caso se ha liderado por un partido político del cual depende la gobernabilidad de Sánchez", dijo.