El Ayuntamiento aumentará el tope de precio con el que se puede acceder a las ayudas al alquiler

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha aceptado este miércoles, en el Pleno Municipal, un ruego presentado por IU de cara a modificar los requisitos de las ayudas al alquiler, de forma que se eleve el tope del precio máximo de las viviendas con el que se puede solicitar.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha defendido que en Gijón ya no hay alquileres de 550 euros, a lo que ha agregado que, con la subida de los mismos, posiblemente gente que cobraba las ayudas ahora se las vayan a denegar.

Pendás, que ha sostenido que seguir elevando los topes de los alquileres con los que se puede optar a las ayudas no es la solución, ha señalado, no obstante, que presentarán una propuesta con el nuevo límite.

Para él, lo que hay que hacer es aumentar la oferta de viviendas en el mercado, para bajar los precios del alquiler. También ha advertido de que, pese a la competencia del Principado en materia de vivienda, es el Ayuntamiento quien aporta cada año casi cuatro millones de euros en ayudas, por lo que ha instado a Suárez Llana a que pida a su partido en el Gobierno autonómico una compensación por estas ayudas.

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Se ha aceptado, también, otro ruego presentado por IU, en este caso encaminado a la puesta en valor del patrimonio hidráulico del concejo.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, se ha comprometido a elaborar un plan de mantenimiento y conservación, así como a fomentar acciones divulgativas desde la EMA y la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

GRABACIONES "ILEGALES"

En el Pleno, por otra parte, no se han puesto de acuerdo PSOE y Foro respecto a la legalidad o no de las cámaras de videovigilancia en la zona rural.

A este respecto, la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, durante su comparecencia a petición de los socialistas, ha defendido que el procedimiento es instalar primero las cámaras y luego pedir autorización a la Delegación de Gobierno, mientras que la edil del PSOE, Marina Pineda, ha sostenido lo contrario.

Es por ello, que está última ha afirmado que mientras no se tuvo autorización las grabaciones fueron "ilegales" y pueden acarrear consecuencias, al margen de la falsa seguridad que se da a los vecinos.

Bravo, en su defensa, ha alegado que las cámaras estuvieron un tiempo a prueba y que si era necesario puntualmente, se podía hacer uso de las grabaciones. También ha recalcado que el tenerlas instaladas sí da sensación de seguridad. "No hay nada de ilegal en este proceso", ha sostenido.

A preguntas de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, Pineda ha aclarado que no acusa al Ayuntamiento de cometer un delito, sino de incumplir una norma, en lo que tiene que ver con instalar sin autorización las cámaras.

A este respecto, ha dado por hecho que no fue algo deliberado, sino por desconocimiento y ha insistido en que es una "irregularidad administrativa" comenzar a grabar sin autorización. "No se ha cumplido la ley", ha reiterado, en todo caso. Al tiempo, ha afeado a Bravo que siempre "echa balones fuera".

CONTENEDOR ROJO

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, a preguntas de Vox respecto a la nulidad de la adjudicación del servicio de recogida de ropa usada, el llamado contenedor rojo, ha señalado que ni Emulsa ni ninguna de las empresas públicas municipales solicita informes a asesoría jurídica del Ayuntamiento de Gijón antes de adjudicar ningún contrato, menos para licitaciones como esta, por un valor estimado de 57.000 euros.

Rouco, previamente, ha explicado que el recurso presentado por la entidad que lo gestionaba hasta la fecha, Cáritas, alertaba de "deficiencias relevantes" en los pliegos de licitación. Este fue resuelto de manera expresa, produciéndose su desestimación por silencio administrativo.

Posteriormente, el pasado enero, Emulsa anunció el desistimiento del contrato, basándose en un informe de la asesoría jurídica municipal solicitado desde la Alcaldía, en el que se concluye la existencia "de irregularidades no subsanables en los pliegos".

Por este motivo, desde Vox pedían saber por qué no se solicitó desde el inicio ese informe por parte de Emulsa antes de adjudicar el contrato, "evitando así el desestimiento posterior y sus consecuencias jurídicas y económicas".

Pintueles ha incidido en que Emulsa realiza unos mil contratos anuales de todo tipo, por lo que si se requiriera un informe de asesoría jurídica municipal avalando cada uno de ellos, "evidentemente colapsaríamos el funcionamiento de este órgano y paralizaríamos la empresa", ha advertido.

Ha explicado, a este respecto, que para realizar esas funciones de asesoramiento jurídico, en el caso de los contratos que van al Consejo de Administración, esa revisión la realiza la Secretaría General de Pleno, que es también la secretaria del Consejo, mientras que para las restantes licitaciones de menor cuantía, se tienen contratados los servicios de un despacho de ámbito nacional especializado en materia de contratación pública.

Para él, en este asunto cree que "solo hay una discrepancia de interpretación jurídica entre funcionarios y técnicos sobre cómo resolver un recurso interpuesto contra el resultado de este concurso, algo que ni es la primera vez que pasa en este Ayuntamiento ni será la última", ha ahondado.

HOGAR DE CEARES

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha señalado, en respuesta al PSOE, que es "totalmente falso" que esté parado el proyecto de reforma del antigua Hogar de Ceares.

Incluso, ha dicho confiar en que la adjudicación se haga este próximo verano y que las obras las veamos en otoño. "El Hogar será una realidad", ha destacado el edil.