OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha dicho este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy está obligado a defender a los consumidores frente a los "abusos" que se siguen produciendo en la "evolución asimétrica" de los precios de los carburantes en España.
Según ha explicado Cascos, en unas declaraciones distribuidas a través de una nota de prensa, al escaso traslado al consumidor final de la rebaja en el precio del origen de crudo, se están uniendo las diferencias entre las distintas comunidades autónomas, que sitúan a Asturias como destino donde resulta más caro el carburante.
"Hoy mismo, llenar el depósito de gasolina-95, con una media de 55 litros por depósito cuesta en Asturias 64 euros, en Madrid, Santander y Navarra 60 euros, en el País Vasco 58 euros y en Aragón 57 euros", ha manifestado Cascos, en base a datos del Ministerio.
Esas diferencias, ha explicado, se producen como consecuencia de las tributaciones del denominado 'céntimo sanitario', actualmente integrado en el impuesto de hidrocarburos. Además, los distribuidores trasladan en una cuantía insignificante al consumidor final la rebaja en el precio de origen, e incrementan sus márgenes comerciales.
A juicio de Álvarez-Cascos todo ello está siendo confirmado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya el pasado día 19 de diciembre, en su 'Informe mensual de supervisión de precios de carburante en las estaciones de servicio correspondiente al mes de noviembre', señaló lo significativo que resulta el incremento en los márgenes brutos promedio que obtienen los distribuidores de gasolinas en meses de caídas de precios.
Tras la publicación de estos informes, Cascos ha pedido a Rajoy la adopción de medidas urgentes para atajar de una vez "la cuestión de fondo en la evolución de los precios de los carburantes que están castigando los bolsillos de todos los asturianos".
La situación que presenta el mercado, ha añadido Cascos, perjudica a transportistas, agricultores, pescadores, además de restar competitividad a la industria en relación con los países europeos, "porque en España la iniciativa privada se encuentra muy restringida, y los operadores interesados en acceder y expandirse en el mercado nacional tienen dificultades para abrir nuevas estaciones, por lo que no se favorece ni la competitividad ni el ahorro de las empresas y las familias, dificultando finalmente el crecimiento económico y por ende la creación de empleo".
