CSIF acusa a Educación de haber empleado 600.000 euros menos de los previstos para ayudas de material escolar

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha acusado al Principado de ahorrar "a costa de la prestación de servicios" y en concreto se refirió a la Consejería de Educación que, según el sindicato, no a agotado los 4.500.000 euros previstos para la ayuda para materia escolar, quedándose en 600.000 euros menos. La resolución que aprueba la concesión de ayudas fue publicada ayer 26 de agosto en el BOPA.

CSIF critica así que los 3.900.000 euros que se adjudican este año, contrastan con los 7.200.000 del año 2009, y supone un 45,31% menos que la convocatoria anterior, frente al 37,5 previsto.

Según CSIF , los cambios en los criterios de concesión de las ayudas para libros de texto y que según manifestó el Gobierno del Principado en su día, obedecían a un contexto económico adverso y que obligaba a todas las administraciones a racionalizar el gasto, ha llegado a unos límites de más del 45% "que deja al descubierto una gran mentira del Gobierno asturiano que al inicio de esta legislatura alardeaba de alcanzar la gratuidad en los libros de texto a la práctica totalidad de los alumnos de primaria y secundaria".

CSIF ha criticado además la "falta de transparencia" en la publicación de los listados de adjudicatarios y de solicitudes denegadas, "siendo la única opción de control la individual, introduciendo el NIF a través de la página web de Educastur".

El sindicato ha exigido "transparencia e información" respecto de a qué partidas se trasladan las cantidades que supuestamente ahorra la Administración. "De tal suerte hablamos de los más de 3,2 millones de euros que supone el ahorro en libros de texto, o los 2,9 millones de la partida de acción social de los empleados públicos", han dicho.

Estas medidas, entiende CSIF, contrastan con el alto gasto que ha supuesto la inversión de casi cuatro millones de euros en ordenadores para 287 colegios para la totalidad de los alumnos de 5º de primaria, que afecta a unos 7.000 alumnos, sin haber evaluado previamente si dichos alumnos disponían de ordenador en sus domicilios. CSIF entiende que estas medidas suponen un "grave perjuicio" para la ciudadanía y que en nada ayudar al control del déficit público.