Actualizado 12/01/2012 19:54 CET

CSIF muestra su preocupación por las consecuencias que tendrán las nuevas cuentas sobre los funcionarios

CSIF , CIUDAD REAL
EUROPA PRESS

Lucas Álvarez Carro señalare conoce que son tiempos duros pero que "deben apretarse el cinturón quienes más ancho lo tienen"

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de la Unión Autonómica de Asturias de CSIF, Lucas Álvarez Carro, ha manifestado este jueves su preocupación por las consecuencias que estos presupuestos traerán sobre quienes prestan esos servicios de manera directa: funcionarios, estatutarios y personal laboral pertenecientes a la administración del Principado de Asturias y ha defendido la salvaguarda de los servicios públicos y las condiciones sociolaborales.

Carro ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Sector Público con ocasión de la tramitación de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Principado y de Medidas Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos.

Ante la alusión a la situación dura económicamente y de duración desconocida, aducida en el mismo proyecto de presupuestos, que llega a hablar de augurios de una nueva recesión Carro ha reconocido que son momentos de austeridad para todos "pero que especialmente deben apretarse el cinturón quienes más ancho lo tienen".

El Presidente de CSIF ha lamentado la equiparación que se da de déficit público con servicio y empleo públicos, algo que CSIF interpreta por un lado como incapacidad para resolver una situación y por otro como estrategia para extender una cortina de humo y derivar la solución e incluso atribuir la causa de todos los males a los empleados públicos. Demandó de las administraciones una defensa y reconocimiento de su personal.

"Si a los gastos nos referimos, debemos hablar de multitud de partidas a las que debe hacerse frente. Partidas que no todas tienen la misma importancia, van desde las imprescindibles y básicas a las claramente eliminables, sin que por ello se resintiera la calidad del servicio; podría incluso implicar mejora", sostiene Carro.

Sin generalizar, CSIF ha advertido de los abusos, los excesos de muchas empresas públicas, considerando que algunas son de dudosa justificación, sobre todo en una situación de crisis económica como la que estamos atravesando y cuya eliminación evitaría grandes males.

CIERRES DE DELEGACIONES

Ha reconocido como positivas las decisiones del cierre de las Delegaciones del Principado de Asturias en Madrid y Bruselas o el recorte en puestos intermedios de la administración, "pero muy tímidas, pues el número empresas públicas, organismos y entes públicos no ha variado desde hace años".

Asimismo, CSIF ha manifestado ante la Comisión su oposición a la nueva congelación salarial, que conlleva mayor pérdida de poder adquisitivo.

"A diferencia del año pasado, en que se incrementaban los gastos para la Televisión Autonómica del Principado a la vez que se recortaban en Sanidad y Educación, ahora se propone lo contrario, con subidas en Sanidad del 6,7 por ciento y de en torno al 1,9 por ciento en Educación. Éstas, como el ligero incremento en el ERA -Residencias de ancianos- sí son propuestas que gustan a mi sindicato", ha añadido.

CARGOS EVENTUALES

Por su parte, Carro ha cuestionado los 106 cargos eventuales que existen en la actualidad, la mitad de ellos asignados a la Junta General. "Si nos fijamos, son más puestos eventuales que diputados elegidos; la elección, designación y cometidos son conocidos de forma precisa por quienes constituyen esta comisión. Y esto le supone a los presupuestos, salvo error en el cálculo, casi cuatro millones cuatrocientos mil euros", destaca.

En cuanto a la modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública, CSIF ha señalado que una ley con más de 26 años de vigencia, que ha sido testigo de grandes modificaciones en la administración del Principado que ha quintuplicado sus efectivos, con la asunción de transferencias de Sanidad, Educación y Justicia y que debe adecuarse a lo establecido en el EBEP, "lo que está pidiendo a gritos es su sustitución por una nueva ley de función pública que evitaría esta dispersión legal y daría mayor seguridad jurídica".

Ha reiterado Lucas Álvarez, que no se puede intentar reducir el déficit público recortando servicios públicos, ya que en las situaciones de crisis económica es cuando los servicios públicos, universales y gratuitos, son más necesarios. "La defensa de los Empleados Públicos y de los Servicios Públicos es la defensa de los ciudadanos y del Estado del bienestar", concluye.

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